El presidente del comité de empresa de la factoría de palas eólicas LM, Ursicino Sánchez de CCOO, dice que los acusados de desórdenes públicos que se enfrentan a cuatro años de prisión por haber causado daños en una movilización laboral frente a unos despidos que se iban a ejecutar en este centro, no se han puesto en contacto con ese comité que, además, asegura que no apoya estas manifestaciones vandálicas. Así las cosas, respalda la actuación de la justicia en este caso y se separa de los acontecimientos «desconozco a las personas implicadas y los autos. Con nosotros ninguno de los afectados se ha puesto en contacto ni con el sindicato», remarcó Sánchez, que se separa del juicio que se desarrollará próximamente en la Audiencia provincial.
Los hechos se produjeron en 2021 y Fiscalía pide cuatro años de cárcel, además de multas de hasta 9.000 euros para los cuatro manifestantes de la protesta de LM, todos ellos trabajadores de LM en aquel momento, acusados de varios delitos de desórdenes públicos producidos durante las negociaciones del expediente de regulación de empleo el 10 de agosto de 2021, en la nave Cat y Rest de la avenida de Portugal de Ponferrada, donde se reunía la patronal con los sindicatos.
Evaluaban la posibilidad de realizar un ERE para 400 empleados y eso enervó los ánimos de los manifestantes en una noche en la que los directivos no pudieron salir del local donde se realizaba la negociación hasta la llegada de los antidisturbios. Hubo daños en los coches de los directivos, en los de la empresa que acogía las negociaciones e incluso daños personales de dos policías que dieron baja al recibir golpes con alguna piedra.
Recoge el escrito de acusación que ese día se hizo un llamamiento por las redes sociales, por parte del comité de empresa, para acudir a las instalaciones donde se estaban desarrollando las negociaciones. Se había escogido un lugar fuera de la empresa y, aquella noche, se consiguieron concentrar a unos doscientos manifestantes, entre los que estaban los cuatro trabajadores que ahora se enfrentan a juicio. Su intención, según dice el fiscal era «alterar el orden público y menoscabar el patrimonio ajeno».
Les acusa de «cometer actos violentos durante la madrugada». Uno de los implicados, según recoge Fiscalía, está identificado como representante sindical, por lo que pone el foco sobre él, ya que, contaba con megafonía y decía que «iban a entrar en las instalaciones del establecimiento para impedir el funcionamiento normal del mismo, no dejando salir a los furgones e incitando a la gente a tirar piedras, huevos y objetos varios con proclamas y amenazas contra los directivos de LM» y el gerente del establecimiento. Considera que intentaba incitar a acciones violentas «dando lugar a que se incendiaran contenedores y se arrojaran huevos, botellas y piedras contra el establecimiento», acusa el fiscal.
Entre los cuatro acusados, otro de ellos portaba combustible y fue identificado, aunque llevaba pasamontañas, como un trabajador de LM, pero que antes lo había sido de Cat y Rest precisamente. A él se le acusa de «conjuntamente con terceros no identificados» quemar un contenedor «y avivar con aceite el fuego de varios focos». También se le identificó lanzando «huevos, piedras y demás objetos contra las ventanas». Otro de los identificados y acusado avivó las llamas de una hoguera a base de contenedores y la cuarta acusada, una mujer, «golpeó insistentemente con una pala la puerta de acceso de vehículos», aunque en este caso los daños fueron pocos.
En aquel momento, el presidente del comité de empresa era Gabriel Garnelo, de USO que atribuyó los disturbios a «una cuestión externa a la plantilla». «No tiene nada que ver con trabajadores de LM, se inició por un grupo, parece que organizado, según nos contó la Policía», explicó al tempo que insistía en «condenar cualquier acción violenta». De hecho, al parecer, no todos los que provocaron los disturbios pudieron ser identificados.
Los daños en los contenedores quemados, propiedad de la concesionaria del servicio de limpieza, superan los 1.300 euros, a lo que se suman los daños en la fachada, ventanas y puerta del establecimiento hostelero y en los coches de los directivos. Una cuantía alta, aunque no especificada en el escrito de Fiscalía. No obstante Fiscalía pide el archivo de los delitos de atentado y lesiones que se les imputaban a dos de los procesados «dado que no hay indicios suficientes de la comisión de dichos ilícitos”. Sí pide por delito de desórdenes públicos cuatro años de cárcel al representante sindical. Es a este al que reclama el pago de los contenedores y de los daños. Al resto suma 20 meses de multa con una cuota diaria de 15 euros por delitos de daños y, a cada uno de ellos, el valor de los daños concretos causados.