El PCE del Bierzo vuelve a situar el problema de la vivienda en el centro del debate y utiliza los 56 lanzamientos ejecutados en Ponferrada durante 2026, según los datos que maneja la organización, para cuestionar que el acceso a las viviendas protegidas se condicione al origen o a los años de empadronamiento.
De esos 56 lanzamientos, 40 estarían relacionados con impagos de alquiler y 16 con impagos hipotecarios, según señala el PCE, que recuerda además que León es la provincia de Castilla y León que acumula un mayor número de desahucios.
La organización vincula estas cifras con su reciente rechazo a la denominada «prioridad nacional» incorporada a las 80 viviendas protegidas previstas en La Rosaleda. El PCE sostiene que exigir diez años de empadronamiento en Castilla y León y España, una medida que atribuye a Vox y al respaldo del PP y Coalición por El Bierzo, introduce una competencia entre trabajadores por un recurso público que considera insuficiente.
A su juicio, una persona nacida en Ponferrada que haya tenido que marcharse para trabajar podría quedar excluida de esa promoción mientras otra persona que cumpla el requisito de empadronamiento sí pueda acceder a ella, con independencia de su situación económica o habitacional.
Para el PCE, los lanzamientos ponen de manifiesto que «el problema no es quién tiene más o menos derecho a una vivienda en función de su origen», sino la dificultad de muchas familias para mantener su hogar. Por ello reclama que los criterios de acceso a la vivienda pública estén vinculados a la situación económica y habitacional y no al tiempo de empadronamiento.
La formación apuesta por ampliar el parque público mediante la construcción de nuevas viviendas, la rehabilitación y recuperación de inmuebles vacíos o deteriorados y la incorporación de viviendas procedentes de bancos y fondos de inversión. Considera además que esta política podría contribuir a generar actividad y empleo en la comarca.
El PCE también relaciona el debate local con la política estatal de vivienda y con las distintas iniciativas tramitadas en el Congreso. En este sentido, reclama reforzar la protección frente a los lanzamientos y ampliar la vivienda pública y social. El Congreso ha debatido durante este año distintas medidas en esta materia, entre ellas iniciativas para reforzar el parque público y proteger a los inquilinos.
La organización ha mostrado, asimismo, su apoyo a la huelga general convocada por CCOO y UGT junto a los sindicatos de inquilinas en defensa del derecho a la vivienda y reivindica que el hogar deje de abordarse como un bien sometido a la lógica especulativa.
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