Ante la mirada de todos los viandantes que se detuvieron para presenciar la situación, se mostraron nuevamente dispuestos a sentarse a negociar con la empresa FCC, la cual hasta la fecha se ha mostrado reacia a ello, y aseveraron que el alcalde, Olegario Ramón, es la única persona que puede mediar para solucionar este conflicto. Preguntado por ello, el regidor manifestó que ha solicitado a la parte empresarial que traten de negociar un convenio propio en búsqueda de una solución, tal y como solicitan los trabajadores, pero "parece que FCC nunca va a aceptarlo, por lo que va a ser difícil llegar a un punto de equilibrio".
Como solución posible, Ramón se mantiene firme sugiriendo tomar como base el convenio provincial y, a partir de ahí, conseguir que los trabajadores subrogados mantengan todas sus condiciones para lograr una serie de mejoras "que ya ha firmado el sindicato Comisiones Obreras". Explicó a continuación que los 68 trabajadores subrogados mantendrían todas sus condiciones, "que son buenas". De todos estos, comentó que ocho ganan anualmente entre 26.000 y 30.000 euros, 43 entre 31.000 y 40.000 euros, y 17 más de 41.000 euros al año. "Son unas condiciones notablemente superiores a la media gracias a la negociación colectiva", añadió a la vez que recordó que son cifras a pagar por toda la ciudadanía de Ponferrada.
No obstante, el alcalde afirmó que el Ayuntamiento no puede obligar a la empresa a que aplique estas mismas condiciones a los nuevos trabajadores porque van con un convenio provincial "firmado por los sindicatos". Por ello, subrayó que su función es la de "defender a la ciudadanía sin poder asumir el conjunto del personal con las condiciones que tienen los subrogados porque seríamos rehenes de un contrato que tendría que abonar toda la ciudad".
Así, relató que el acuerdo que se les ofrece y que CCOO ha firmado establece una subida de un 2% sobre todos los conceptos salariales, mantiene el complemento de antigüedad, tiene cuatro gratificaciones extraordinarias al año, se les garantiza que cobrarán el 100% de la baja desde el primer día (sea laboral o no), 31 días laborales de vacaciones al año (la mitad en verano), una indemnización de 63.000 euros si existe un accidente que provoque una incapacidad permanente total o fallecimiento, 35.000 euros para una ayuda social, 150 euros si trabajan en domingo o festivo, 47 euros por hacerlo en un día posterior a domingo o festivo y 70 euros adicionales para los que tengan a una persona con discapacidad a su cargo. "Puede ser bueno o no, pero hago un llamamiento a que estudien el acuerdo y cesen estos actos que se están produciendo porque los pagamos entre todos", añadió Ramón, quien asegura que ha habido trabajadores sorprendidos realizando estas actuaciones vandálicas a pesar de sus negaciones. "No vienen extraterrestres por la noche a quemar contenedores ni a destrozar todo el mobiliario urbano", añadió.
Ya son más de tres semanas de duración de un conflicto que alcanza las señaladas fechas de la Semana Santa. Los servicios mínimos, según el alcalde, se están cumpliendo, pero "se está destrozando el mobiliario urbano, quemando y tirando contenedores y contaminando con ello". "Se han hecho tantos actos vandálicos que yo haría una llamada seria a la reflexión sabiendo lo que es posible y lo que no", finalizó.
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