Por eso hacen un llamamiento a las administraciones públicas “para que se impliquen en la solución de este conflicto y para que exijan a Gas Natural el cumplimiento de sus compromisos en materia de responsabilidad social corporativaen el territorio donde han desarrollado su actividad los últimos 40 años y colaborar con ayudas propias necesarias para “evitar todo el daño que se nos está causando y el que se nos causará en el futuro en nuestras pensiones”, dicen.
La Junta de Castilla y León “debiera de activar los mecanismos necesarios que puedan ayudar a la solución de este conflicto”, piden. Recuerdan que hay trabajadores que llevan tres meses sin empleo y siguen reclamando “una salida justa y digna” para los empleados.
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