Al tiempo, la Junta de Castilla y León también ha iniciado conversaciones con la eléctrica en la misma sintonía y también, desde la Diputación de León se ha aprobado una moción que recoge la petición de los mineros de instar al Gobierno central a que no sólo redacte un Real Decreto para que las eléctricas no cierren sus puertas, sino que, a la par recupere el decreto de suministros que existía “un despacho preferente con nuestro carbón autóctono”, explica Díez “tenemos que valorar esos movimientos porque son avances”, dice, agradeciendo a la Junta su implicación.
Uminsa ha presentado el plan de liquidación al Juzgado de lo Mercantil la semana pasada, pero no se ha activado aún “explicamos a la juez que había trabajadores acogidos a bajas incentivadas y la empresa debía estar activa en 2018 para que lleguen a las jubilaciones”. Lo ha autorizado, a la espera de que la negociación para recuperar los suministros fructifique en los próximos días “pero si no llega esa solución, la extinción de contratos sigue estando sobre la mesa”, dice Díez. Uminsa cuenta con 160 empleados en Castilla y León y Asturias y HBG con 70, aunque estos últimos contratos ya han sido extinguidos y solo se recuperarían dependiendo de la entrada de carbón en la térmica.
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