Pero sigue asegurando que la huelga, aprobada en asamblea , se sigue secundado por el 100% de la plantilla.
En esta situación, en la que ya las calles se notan más sucias, los trabajadores demandan que la empresa “se siente a negociar” su convenio colectivo, pendiente de renovarse desde el año 2015, y no se enroque en el paso al convenio provincial del sector, “el más bajo de toda España en cuanto a condiciones laborales se refiere y que además está caducado desde hace varios años”.
Como reflexión, los huelguistas apuntan que “lo curioso de esta huelga es la complicidad del ayuntamiento de Ponferrada con la empresa FCC, el alcalde ha defendido públicamente el acuerdo de CCOO en contra de la voluntad de la plantilla que asiste con estupor y vergüenza ajena como desde el ayuntamiento se ponen recursos a disposición de la empresa para minimizar las consecuencias del paro”. Aseguran que hay técnicos municipales moviendo contenedores de basura para favorecer su recogida, algo que no podrían hacer y “se está poniendo al servicio de FCC a personal contratado por el ayuntamiento y se le está permitiendo a la empresa el esquirolaje interno y externo (ambas prácticas prohibidas por la ley) personal de barrido e incluso trabajadores del ayuntamiento haciendo tareas de recogida de residuos”, aseguran.
Las últimas declaraciones del regidor, hablando de que se trata de una “huelga política”, aseguran que es un comentario “desde el desconocimiento” puesto que “desde el ayuntamiento nadie se ha puesto en contacto con la plantilla que ha instalado un campamento a las puertas de las instalaciones de FCC en Ponferrada para conocer, de primera mano, su problemática”.
Las declaraciones del alcalde han encendido los ánimos, aseguran, aunque en ningún caso defienden los actos vandálicos producidos con la quema de numerosos contenedores, algo que parece haberse ya restablecido.
Los huelguistas siguen asegurando que los paros se acabarán si se “obliga a la empresa a negociar el convenio prorrogado desde el año 2015 y que ahora no quiere ser reconocido para aumentar los beneficios empresariales, ya que de asumir el convenio provincial para toda la plantilla, la empresa se ahorraría una cantidad económica importante del contrato adjudicado el año pasado y cuyos costes fueron calculados en base a las condiciones del convenio de empresa y no al convenio provincial mucho más beneficioso para FCC”.
“Ni siquiera se ha hablado de incremento salarial o mejoras en las condiciones actuales, pero la línea roja está en mantener las condiciones actuales en su propio convenio como ha sido hasta ahora y el rechazo a que todas las nuevas contrataciones pierdan todos los derechos ganados en el pasado”, apuntan abiertos a la negociación.
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