Los ex alumnos de Hypatia piden que Fiscalía reclame a la firma por estafa

Los exalumnos de Hypatia Formación y Rumbo a Hypatia, dos academias ponferradinas que cerraron sus puertas, hace más de tres años, consideran que era una sucesión de empresas que cambió de nombre para esquivar la devolución de los cursos al dar cierre. Son un centenar de afectados conocidos y piden que Fiscalía exija responsabilidades por estafa a las gerentes de ambos negocios después de que, desde 2011, cuando se abrió el primero, contrataran cursos de formación que se abortaban al llegar a las prácticas.

Los afectados, esos cien ex alumnos, están en contacto para demandar a ambas empresas por incumplimiento de contrato pero, una de las afectadas, que espera una sentencia a su favor a lo largo de este mes de enero, Eva María Celadilla,reclama que la Fiscalía investigue si se produjo una estafa en este caso.

Hace un año Fiscalía sí recogió este incidente y pidió cuatro años de prisión para el matrimonio que administraba el negocio Hypatia Formación en Ponferrada, por un presunto «desfase económico de 600.000 euros». La mujer acusada, I.M., ejercía como administradora mancomunada de esa empresa, al lado de una socia, M.A. y el marido de la primera era administrador. Fiscalía considera que, en 2017, la administradora actuó en perjuicio de su socia, mientras esta estaba de baja por enfermedad, realizando pagos fraudulentos. En este caso se podrían haber producido delitos societarios y de administración desleal.

Aún no hay sentencia al respecto, pero los damnificados finales en esa trama de presunto “robo” entre socias son los alumnos que confiaron en la firma de formación.

Los ex alumnos de esa academia están repartidos por toda España, porque se ofrecía presencial, semipresencial y on line. Desde Las Palmas hay una demandante, también en Granada, Extremadura, Jaén, Asturias, Barcelona y desde la Virgen del Camino, uno de los casos es el de Celadilla que ya consiguió una sentencia firme en su denuncia por incumplimiento contractual de Hypatia con ella. Ahora se enfrenta a un segundo juicio, puesto que la empresa era insolvente, solicitando la responsabilidad patrimonial a las administradoras. Un caso que espera que remate en enero con un veredicto a su favor, pero que quiere que siga adelante “porque es una estafa y debería investigarse", dice.

Considera que, desde el principio, debió verse en este caso una responsabilidad penal “porque la academia se cerró sin dar cuenta de ello a los alumnos”. Se incumplía así un contrato “y se nos dejaba tirados, sin saber qué hacer”. Ella contrató, en 2016 y ayudada por el dinero de su madre, ahora fallecida, un curso de formación profesional de Técnico superior en asesoría de imagen personal. Duraría un año, esperaba, y abonó una matrícula de 450 euros, para después ir aportando mensualidades de 80 euros. Pero, cuando se acabó su formación teórica y tenía que pasar a la práctica, comenzó a tener problemas.

Tras luchar mucho por conseguir esas prácticas, se le emplazó a realizarlas en una tienda de Pronovias en León, pero esta le dijo que iba a cerrar y que sospechaba de esas prácticas. Finalmente no pudo realizarlas allí y siguió reclamándolas, esta vez sin conseguir hablar con las administradoras. Lo que dio paso a una reclamación en Consumo que, tras intentos por contactar con la dirección del centro y no poder hacerlo, procedió a pasarla a la Junta, que inició un procedimiento sancionador con una multa de 3.000 euros a la empresa de formación.

Celadilla perdió el dinero entregado y el tiempo de un curso que finalmente sumó tres años sin poder obtener el título.

Tras el cierre de Hypatia y la ruptura entre las dos socias, una de ellas se implicó en una nueva firma Rumbo a Hypatia. Aunque I.M. ha manejado el argumento de que son dos firmas totalmente distintas, Celadilla defiende que es una sucesión de empresas. Incluso cuenta con una carta en la que el nuevo administrador informa de que se procede “al cambio de nombre”. Pero lo que le ha pasado a ella es un calco de lo que han vivido el resto de alumnos.

Reconoce que muchos de ellos no han querido denunciar, porque las cantidades a abonar van entre 1.500 y 3.000 euros –ya que se ofrecía el mismo curso con distintos precios en muchos casos- “piensan que entre pagar a un abogado y reclamar, no les compensa”, pero Celadilla considera que debe destaparse “la trama” que existía en estos negocios y que “ha estafado más de 800.000 euros”, cifra. Lo más ofensivo para ella es que las administradoras digan que el primer negocio se cerró porque iba mal y abrieran un segundo negocio igual que el primero “aunque ellas dicen que uno era de enseñanza no reglada y otro reglada, pero tenían los mismos cursos e incluso los mismos profesores”, además, con una inauguración por todo lo alto con la participación de, por aquel entonces, en 2019, la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo.

Pero además, no enviaron las cuentas al Registro Mercantil desde 2015, una irregularidad más que se suma a una contabilidad cuestionable y que dejaba fuera la responsabilidad contraída con los alumnos.
Celadilla quiere que sigan adelante las demandas contra estas empresas para demostrar que “fuimos objeto de una estafa” y que ahora, las actoras de la misma, intentan que prescriba “se escudan en que no tienen condenas”. Pero apunta que ella tiene una sentencia firme y que aún no hay veredicto sobre el caso de robo entre ellas, algo que podría acabar con una pena de cárcel ya que presupone que una de las administradoras tenía antecedentes.

El caso sigue activo y muchos de los alumnos esperan a que salgan los juicios de sus demandas.