La solución de las basuras y la devolución de sueldos, en el "debe" de Merayo

En la nevera se han quedado congelados en 2018 temas para los que se pedía solución por parte del equipo de Gobierno y que se enquistan en el debe, donde se ubicarán al finalizar el mandato. Uno de ellos es el cumplimiento de la sentencia que daba la razón a una de las licitantes al servicio de recogida de residuos de Ponferrada, Urbaser, por un defecto de forma en los pliegos de condiciones que hizo que fuera FCC la que saliera seleccionada como prestataria del servicio. Aquel contrato se retrotrae al anterior mandato, cuando se forjó la unión de la recogida de residuos, limpieza y el mantenimiento de jardines en uno por 20 añosy 122 millones de euros.

El documento tuvo que quedar en suspenso por la sentencia, pero, más de dos años después de la resolución judicial, sigue sin adoptarse una decisión sobre qué hacer, si ofrecerle el servicio a la empresa que ganó el pleito o volver a la licitación. Las idas y venidas judiciales han sido constantes sin conseguir una decisión final, mientras son también continuas las quejas vecinales por la falta de limpieza en las calles.

Es el tema estrella que deja pendiente el mandato de Gloria Fernández Merayo, en el que también se ha enquistado el del Transporte Urbano de Ponferrada, ofrecido por una prórroga de contrato ilegal en la actualidad y que quiere salir a concurso cuanto antes.

En este caso se han dado pasos el último día de 2018 en un pleno que definió la composición de una comisión para, en dos meses, decidir la idoneidad o no de su municipalización. Pero la solución final no llegará en este mandato.

También, sobre la mesa la resolución judicial sobre la gestión del Mundial de Ciclismo, que avanza en los juzgados, ahora llamando a declarar a los responsables anteriores al mismo, que se disputó en 2014, cuando era alcalde Samuel Folgueral, pero que se gestó con el anterior regidor, el popular Carlos López Riesco. La deuda millonaria que dejó aquel evento, que pudo alcanzar los 11 millones, hizo que se creara una plataforma que denunció la gestión realizada, aún por saber si fue adecuada o no.

Tampoco se ha respondido al recurso de reposición sobre los acuerdos plenarios de 2014 por los que se decidía incrementar el recibo del agua y establecer compensaciones para paliar el déficit de explotación de la empresa concesionaria del servicio. Pese a los requerimientos del Procurador del Común para que se adopte una decisión, no ha sido tomada por el momento y el PSOE considera que podría dar lugar a un delito de prevaricación incluso.

No se ha resuelto tampoco la cesión de terrenos a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para que se ejecute la parte derecha del paseo del río Sil, para la que ya contaba con presupuesto. Aunque la regidora aseguraba que era Confederación la que acumulaba retrasos en esa obra, el organismo de cuenca destapó que el paso a dar estaba en los pies del Consistorio y, aunque pedía celeridad, incluso apuntando que los 500.000 euros en los que presupuesta la obra podrían perderse si el Ayuntamiento no mueve ficha este año, no se ha conseguido.

Pese a todo, la alcaldesa considera que el mandato ha dado de sí y que obras como el nuevo edificio sanitario o el ARU de La Puebla Norte denotan una buena gestión del equipo de Gobierno que ha conseguido finalmente inversiones por valor de 28.000 €.