La minería en el Bierzo se asfixia entre las cifras de los ERE

El sector de la minería tanto del Bierzo como de toda Castilla y León ha vivido una de sus semanas más difíciles. A la entrada en vigor de un expediente de regulación de empleo que afecta a la totalidad de la plantilla de Roel Hispánica, 180 trabajadores, se unió el enésimo incumplimiento de los plazos exigidos por el juzgado de lo Mercantil a Minas y Antracitas de Narcea (Minarsa) par continuar con el adquisición de Alto Bierzo, cuyo proceso de liquidación sigue sin resolverse tras varios meses de incertidumbre para la plantilla, que sigue parada tras acoger un segundo ERE que daba cobertura a los trabajadores que ya no disponían de prestaciones por desempleo.

Y es que de una plantilla de 130 personas, solamente seis están trabajando, realizando labores de mantenimiento a la espera de que se ponga fin a la venta de la empresa, cuyo comité tratará de iniciar las negociaciones a lo largo de la semana con el ingeniero Simón Campazas, el emisor de la otra oferta que garantizaba el mantenimiento de todos los puestos de trabajo.

La solidaridad entre los profesionales de la minería es el único motivo de esperanza ante la falta de consenso en busca de solución por parte de los partido políticos. «Hay que tener en cuenta que estamos en campaña electoral y hay que distinguir entre que promesas y planes se pueden llevar a cabo y cuáles tienen solamente como fin recoger unos cuántos votos. Igual que aquí dicen que están a tope con el carbón, en La Bañeza con la remolacha, pero a la hora de la verdad, no se están tomando las medidas necesarias», explica el secretario regional de Industrias Extractivas de CCOO, Jesús Magadán.

Para el secretario, buena parte de la recuperación pasa por que el Ministerio de Industria y Energía aplique lo antes posible el nuevo mecanismo que garantiza el consumo de carbón autóctono por parte de las centrales térmicas. «Es fundamental que se reactive la demanda de carbón, si no, nunca tendremos estabilidad», lamenta Magadán.

El real decreto de garantía de suministro fue puesto en marcha por el ministerio de Industria para asegurar la compra del carbón nacional por parte de las empresas eléctricas y su vigencia finalizó el 31 de diciembre del pasado año, aunque el Gobierno se comprometió a garantizar que la presencia del carbón autóctono en la mezcla energética nacional fuera de 7,5%, tal y como recogía el Acuerdo Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras.