La Audiencia Provincial de León juzgará durante mañana y pasado al exalcalde de Fabero y actual portavoz municipal del Partido Socialista, Demetrio Alfonso Canedo, junto a un ingeniero de caminos y un empresario, R.M.C.R. y J.C.G. por los delitos de falsedad en documento público en concurso medial con prevaricación administrativa por, presuntamente, haber por firmado la adjudicación y finalización de una obra en dos días para cobrar una subvención de la Diputación provincial.
Los hechos que se juzgarán durante dos jornadas se remontan al año 2007, cuando, según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, Demetrio Alfonso, "guiado por el propósito de cobrar una subvención incluida en el Plan de Sequía 2007 de la Diputación Provincial de León, cuyo plazo finalizaba el 31 de octubre del 2007", acordó, mediante providencia de la Alcaldía del 22 de octubre, iniciar un expediente administrativo para la aprobación del proyecto y contratación de las obras de mejora de las instalaciones de abastecimiento del municipio. Por su parte, otro de los acusados se trata del ingeniero de caminos que redactó, un día después de esa providencia, la correspondiente memoria.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fabero aprobó unos días después, concretamente el 25 de octubre, el expediente de contratación y autorizó el correspondiente gasto, solicitando oferta a las empresas interesadas.
Un día después, ambos acusados firmaron el acta de replanteo previo de la obra, "cuando en realidad no había sido realizado y con el fin de completar el expediente", según afirma la Fiscalía.
Por resolución de la Junta de Gobierno Local, con fecha 30 de octubre de 2007, el contrato fue adjudicado a la empresa representada por el tercer acusado por un importe de 40.000 euros.
"Ese mismo día, el exalcalde de Fabero, el ingeniero y el representante de la empresa adjudicataria, firmaron, a sabiendas de su falsedad, el acta de comprobación de replanteo", afirma el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al tiempo que añade que solo un día después, "resultando materialmente imposible que las obras pudieran haber sido ejecutadas, los acusados firmaron la certificación y final de obra", así como "el acta de recepción", en la que "hacían constar que las obras habían sido ejecutadas y finalizadas, recibiéndola con plena conformidad el alcalde en representación del Ayuntamiento".
De igual forma, la Fiscalía señaló que Alfonso Canedo también firmó ese mismo día, en condición de alcalde, el final de obra y la factura emitida, "con plena conciencia de su ilegalidad porque las obras no estaban realizadas".
El Ministerio Fiscal entiende que los tres acusados "actuaron conjuntamente y con plena conciencia de que todos los documentos firmados no reflejaban la realidad material", sino que los crearon para incorporarlos al expediente administrativo**, que fue tramitado por el alcalde "de forma urgente y en tiempo récord, con plena conciencia de que actuaba al margen del ordenamiento jurídico y anteponiendo su propia voluntad y el propósito de dar apariencia de legalidad a una situación fáctica para obtener el importe de la subvención".
Así, la documentación fue remitida a la Diputación de León, que aprobó el abono de 40.000 euros, de los cuales 20.000 euros serían financiados por la Junta de Castilla y León, 10.000 euros por la institución provincial y 10.000 euros por el Ayuntamiento. Además, en enero del año siguiente, "de forma mendaz", según palabras del Ministerio Fiscal, se añadió a la factura la leyenda de "pagada", a pesar de que "no consta que se abonara".
Tres años y medio
El Ministerio Fiscal considera que los hechos anteriormente relatados son constitutivos de un delito de falsedad en documento público en concurso medial con un delito de prevaricación administrativa, así como de otro delito de falsedad en documento público cometido por particular.
Por ello, solicita para el que en aquel momento era alcalde de Fabero, Demetrio Alfonso Canedo, una pena de tres años y seis meses de prisión, una multa de 2.400 euros y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres años.
Para el ingeniero de caminos que redactó la memoria y para el representante de la empresa adjudicataria pide siete meses de prisión y otros 2.400 euros de multa para cada uno.