La Asamblea Comarcal de Izquierda Unida en el Bierzo ha anunciado que no secundará las concentraciones convocadas para el próximo 2 de septiembre en apoyo a Ceuta, al considerar que la iniciativa constituye una "instrumentalización insolidaria" de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por parte del Partido Popular.
En un comunicado, la formación sostiene que la convocatoria impulsada desde la presidencia de la FEMP no fue aprobada por los órganos de gobierno de la Federación ni consensuada con el conjunto de los grupos políticos, por lo que rechaza que pueda presentarse como una posición institucional compartida por los municipios españoles.
Rechazo a una convocatoria "unilateral"
IU Bierzo respalda la postura de su grupo en la FEMP y defiende que una institución que representa al conjunto de las entidades locales "no puede ser utilizada como instrumento partidista de la derecha". A juicio de la formación, la solidaridad entre municipios debe construirse desde el consenso y el respeto institucional, y no mediante decisiones unilaterales.
Además, considera que la convocatoria carece de una propuesta concreta sobre las medidas que deberían adoptarse para afrontar la situación en Ceuta. "¿Qué significa exactamente apoyar a Ceuta? ¿Apoyar qué políticas o defender los derechos de quiénes?", se pregunta el comunicado, que advierte de que esa ambigüedad permite reunir bajo una misma pancarta posiciones muy diferentes, incluidas aquellas que fomentan el racismo o la xenofobia.
Apoyo a Ceuta y acogida de menores
Pese a desmarcarse de las concentraciones, Izquierda Unida asegura que mantiene una posición "clara" de apoyo a la población ceutí y reclama que el Estado garantice los recursos materiales y económicos necesarios para hacer frente a la emergencia.
La formación también exige una política de corresponsabilidad y acogida compartida entre todas las comunidades autónomas y pide a la Junta de Castilla y León que rectifique su negativa a acoger menores migrantes. Asimismo, reclama responsabilidades al Gobierno de Marruecos por su actuación y subraya que la población migrante "no puede ser moneda de cambio" en conflictos entre instituciones o Estados.
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