En estos días en que empiezan a reaparecer los primeros humos en el monte, vuelve también la hora de pensar en los grandes incendios sin la coartada de la urgencia. Hay veranos que no deberían olvidarse, y el de 2025, en El Bierzo, dejó una huella demasiado profunda como para reducirla a una cifra, aunque la cifra impresione: 29.142 hectáreas afectadas por el fuego, según datos oficiales. Pero detrás de esa precisión hay mucho más que superficie quemada: hay suelo abierto en canal, fauna desplazada, laderas erosionadas y un paisaje alterado de forma duradera. Además, no ardió una periferia cualquiera, sino el corazón natural mismo de la comarca: Ponferrada superó las 6.200 hectáreas afectadas, Oencia las 5.000, y Benuza y Páramo del Sil rondaron las 4.000 cada uno. Solo Ponferrada y Oencia concentraron cerca del 38% de toda la superficie quemada. No fue una suma dispersa de siniestros, sino una alteración territorial de gran escala que, en pocos días, dejó al descubierto debilidades acumuladas durante décadas.
La carga simbólica de esta catástrofe fue aún mayor cuando las llamas alcanzaron el entorno de Las Médulas y amenazaron espacios de altísimo valor ecológico, como los Montes Aquilinos y la sierra de Gistredo. El incendio dejó entonces de ser solo un problema forestal. Pasó a convertirse en una fractura de la memoria y del valor ecológico de la comarca. Porque allí no ardían solo hectáreas, ardían paisajes excepcionales, cargados de historia, biodiversidad y sentido territorial. Paisajes muy queridos por todos. Que el fuego corriera por esos enclaves fue una advertencia rotunda, ni siquiera los espacios más valiosos resisten cuando falla la estructura que debería sostenerlos.
Como casi siempre, la reacción inmediata buscó responsables concretos: una negligencia, una chispa, un rayo, una imprudencia, una quema mal apagada. Los pequeños culpables. Esa búsqueda tiene algo de comprensible y algo de engañoso. Comprensible, porque toda sociedad necesita un relato causal que calme la ansiedad del desastre. Engañoso, porque ofrece una explicación demasiado simple para un fenómeno demasiado complejo. Permite cerrar el caso antes de haberlo entendido. Todo gran incendio tiene un punto de inicio; pero el punto de inicio no basta para explicar su magnitud. La causa inmediata puede encender la llama, pero no explica por qué esa llama encuentra continuidad, velocidad, temperatura y extensión suficientes para convertirse en una fuerza de escala comarcal.
Lo que ardió en El Bierzo en 2025 no fue solo vegetación. Ardió un modelo territorial. Durante décadas, el mosaico tradicional de cultivos, pastos, sotos, monte bajo y superficies forestales habitadas se ha ido descomponiendo. Allí donde antes había fragmentación funcional, hoy domina una continuidad peligrosa. La desaparición de la ganadería extensiva, la disminución de los aprovechamientos tradicionales, la pérdida de actividad agraria y el progresivo vaciamiento humano han ido configurando un paisaje más homogéneo, más denso, más disponible para arder.
Es el resultado de décadas de deterioro territorial. El Bierzo ha perdido población, actividad y complejidad, y esa pérdida tiene también una traducción ecológica: donde antes había un mosaico rural que distribuía usos, cortaba continuidades y reducía riesgos, hoy predominan pastizales abandonados, las regeneraciones densas y las masas forestales uniformes. La despoblación no ha vaciado solo las casas, sino también las prácticas cotidianas que ordenaban y vigilaban el territorio. Se ha sustituido un paisaje vivido por otro cada vez más homogéneo, más distante y más inflamable.
Pero la parte más incómoda del problema no es únicamente ecológica. Es también social y política. Porque este diagnóstico no es nuevo, se conoce desde hace años y, pese a ello, apenas ha alterado las inercias de fondo. Técnicos, investigadores, agentes locales, asociaciones conservacionistas y plataformas ciudadanas lo han repetido sin descanso, mientras el gobierno regional mantenía una respuesta insuficiente, incapaz de corregir el abandono rural y la mala articulación entre la política forestal, la agraria y la territorial. En ese sentido, la responsabilidad principal no puede disolverse en abstracto: tiene que ver también con casi cuatro décadas de hegemonía de un mismo partido en Castilla y León, un tiempo más que suficiente para haber intervenido sobre las causas estructurales y no solo sobre sus consecuencias.
Aquí aparece una sociología del no cambio. En buena parte del medio rural, el voto no funciona siempre como un mecanismo de corrección, sino de estabilidad. En las últimas elecciones, muchos pensamos que la acumulación de malas políticas, visible también en las sucesivas olas de incendios, podía abrir por fin la puerta a un cambio. Pero no ocurrió de forma clara. En estos territorios pesan no solo la valoración de las políticas públicas, sino también las redes personales, las lealtades acumuladas, la identidad comunitaria y el miedo a empeorar en contextos de fragilidad y abandono. A eso se suma que los incendios siguen viéndose a menudo como desgracias recurrentes, casi naturales, y no como el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. Por eso la indignación social no siempre se traduce en ruptura electoral, y las condiciones que han producido el deterioro tienden a reproducirse.
Así se configura un círculo vicioso especialmente resistente. Las políticas territoriales no consiguen revertir el declive rural; ese declive debilita todavía más el tejido social y económico; la debilidad incrementa la dependencia de lo público; y esa dependencia refuerza comportamientos electorales prudentes que tienden a reproducir las mismas estructuras de poder. El resultado es una continuidad sin corrección. Las políticas que fracasan no se sustituyen, porque las condiciones sociales que permitirían sustituirlas han sido erosionadas por el propio fracaso acumulado.
Por eso, cuando el fuego arrasa miles de hectáreas, la respuesta centrada exclusivamente en la emergencia -más medios, más coordinación, más capacidad de extinción- resulta necesaria, pero insuficiente. Actúa sobre el instante, no sobre la trayectoria. El incendio no es, en rigor, el problema. Es el síntoma. El problema es el territorio que lo hace posible y el sistema político y social que ha normalizado su vulnerabilidad.
Insistir en los pequeños culpables sirve, en el fondo, para evitar esa pregunta. Ofrece una coartada narrativa, localiza una chispa para no mirar la estructura. Pero los grandes incendios no se explican por pequeñas causas. Conviene repetirlo, los grandes incendios se explican por grandes condiciones. Por décadas de abandono, por la simplificación del paisaje, por políticas inconexas, por la fragmentación administrativa, por la renuncia a pensar el mundo rural como una cuestión central y no residual.
Reconocer la existencia de grandes culpables implica aceptar algo más difícil que encontrar a un imprudente, obliga a mirar de frente un modelo de desarrollo, unas inercias institucionales y una cultura política que han dejado madurar el combustible material y el combustible social. Transformar esa realidad exigiría reactivar el tejido rural, diversificar el paisaje, integrar políticas agrarias, forestales y demográficas, y alterar las condiciones que convierten el voto en mera administración del deterioro.
Ahí reside la paradoja final. Sabemos cada vez mejor qué arde y por qué arde. Sabemos, incluso, buena parte de lo que habría que hacer. Lo que no sabemos, o no hemos sabido construir, es la fuerza social y política capaz de hacerlo posible. Y esa quizá sea la ceniza más inquietante que dejó el verano de 2025 en El Bierzo.