La delegación berciana de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reclamado avances para la enseñanza concertada tras el nombramiento de María del Valle Ares González como nueva consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. La organización felicita a la responsable autonómica y expresa su voluntad de mantener una relación de diálogo y colaboración con la Administración, aunque advierte de que siguen pendientes varias reivindicaciones del sector.
FSIE defiende un trato equilibrado entre la enseñanza pública y la concertada y pide que la nueva etapa permita abordar demandas que considera históricas. Entre ellas, sitúa la concertación del Bachillerato en las unidades que ya están en funcionamiento, una medida que, según sostiene, favorecería la libertad de elección de las familias, mejoraría las condiciones retributivas de los profesionales y contribuiría a la sostenibilidad de los centros.
En Educación Infantil, el sindicato plantea reorganizar las unidades del primer ciclo, de 0 a 3 años, para adaptar las subvenciones a la demanda real de los centros y avanzar, cuando la normativa lo permita, hacia la concertación de esta etapa.
Otra de las peticiones pasa por incrementar la partida destinada a «Otros Gastos», que financia el funcionamiento y mantenimiento de las unidades concertadas. FSIE considera que una mayor dotación permitiría mejorar, entre otras cuestiones, los salarios del personal de administración y servicios.
La organización reclama también equiparar las condiciones laborales del profesorado concertado con las de la red pública, con medidas relacionadas con la reducción de la carga lectiva, el establecimiento de ratios máximas y mínimas de alumnos por aula y el incremento de unidades de Formación Profesional.
Asimismo, pide extender a la concertada el acuerdo alcanzado el pasado 14 de octubre para la enseñanza pública, relativo a la mejora de las tutorías y a la reducción del horario lectivo del personal docente mayor de 55 años.
FSIE recuerda que el artículo 108.4 de la ley educativa establece que la prestación del servicio público de educación se realiza a través de centros públicos y privados concertados. Desde esta premisa, confía en que la Consejería aborde sus propuestas «con voluntad política y consenso» y reitera su disposición a colaborar para mejorar la calidad educativa y las condiciones del conjunto de la comunidad escolar.
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