La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo 15 de julio el juicio contra la responsable de Desguaces Ponferrada, acusada de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la supuesta liberación ilegal a la atmósfera de gases refrigerantes procedentes de vehículos fuera de uso.
Según sostiene el Ministerio Fiscal, la acusada habría incumplido de forma continuada la normativa que regula la descontaminación de vehículos al final de su vida útil, evitando la extracción y gestión adecuada de los gases contenidos en los sistemas de aire acondicionado de los automóviles que llegaban a las instalaciones.
La investigación sitúa los hechos entre los años 2019 y 2022, periodo durante el cual pasaron por el centro autorizado de tratamiento un total de 2.125 vehículos. La acusación sostiene que ninguno de los gases refrigerantes presentes en esos automóviles fue recuperado para su tratamiento por gestores autorizados y que fueron liberados directamente a la atmósfera.
Entre las sustancias emitidas figura principalmente el gas refrigerante R134a, ampliamente utilizado en sistemas de climatización y considerado un potente gas de efecto invernadero. La Fiscalía calcula que la actividad desarrollada provocó la emisión de 308,19 kilogramos de este compuesto, una cantidad equivalente a 440,71 toneladas de dióxido de carbono (CO₂).
El perjuicio medioambiental derivado de estas emisiones ha sido valorado en 20.058 euros, aunque el Ministerio Público reclama una responsabilidad económica mucho mayor para la empresa. En concreto, solicita una multa de 40.116 euros para la sociedad mercantil, al entender que debe responder como persona jurídica por los hechos investigados.
Para la responsable del desguace, la Fiscalía pide una pena de tres años de prisión, además de una multa de un año y ocho meses, con una cuota diaria de seis euros, y una inhabilitación especial durante dos años para desarrollar actividades relacionadas con la gestión de residuos o de centros autorizados de tratamiento de vehículos.
Durante la vista oral está prevista la comparecencia de varios agentes del Seprona de la Guardia Civil, así como de peritos especializados que participaron en la investigación y en la cuantificación del impacto ambiental derivado de las emisiones.
La acusación considera que la actuación investigada vulneró la normativa destinada a evitar la liberación de gases fluorados, cuyo tratamiento es obligatorio debido a su elevada capacidad para contribuir al calentamiento global y al deterioro ambiental.
La normativa obliga a los centros autorizados de tratamiento de vehículos a retirar y almacenar de forma controlada los gases fluorados presentes en los sistemas de climatización antes del desguace de los automóviles. Estos compuestos deben ser entregados posteriormente a gestores autorizados para evitar su liberación a la atmósfera debido a su elevado potencial contaminante.