La portavoz del grupo popular, Amparo Vidal lamenta que la empresa no cumpliera con ese documento y que ahora tenga que hacerlo en un mes por esa orden. Reconoce que el conflicto estaba en que la empresa adjudicataria quería «tener amarradas» cantidades fijas para ese cumplimiento y para la liquidación con el Ayuntamiento, puesto que ofrece su servicio por una orden municipal tras la anulación de su contrato.
Vidal aclaró, frente a las preguntas de otros portavoces que, la liquidación de la empresa no va a suponer un costea mayores «se liquida mes a mes y no habrá más», dijo.
El portavoz del PSOE, Olegario Ramón aseguraba que el coste se había estimado, desde el Ayuntamiento, en 300.000 euros y, por parte de la empresa, en 900.000, por lo que pedía transparencia en las cifras.
El acuerdo final establece las mejoras solicitadas por los trabajadores para recuperar sus derechos, perdidos desde 2012. El incremento del 1% salarial, recuperar la antigüedad a la que habían renunciado, recuperar los días de asuntos propios y la ultraactividad, que les mantiene dentro del convenio propio y no les hará pasar al provincial, algo que temían.
Aunque son medidas que debían haberse establecido en mayo, Vidal lamenta que no se haya hecho y los trabajadores hayan ido a la huelga para solicitarlas. Aplaude que este pacto «es reparar» los derechos de los trabajadores, aunque asume que no es una solución definitiva «pero es una solución», dice.
Así lo ven también los empleados, que dan por cerrado el conflicto, de momento.
Al hilo de la crítica severa que hizo el portavoz de Coalición por el Bierzo, Pedro Muñoz, a su homólogo de Unidad Social de Electores, Samuel Folgueral, al que señaló como culpable de esta situación por haber sido durante su Gobierno cuando se gestó el contrato de basuras «ilícito y nefasto», dijo, Vidal ahondó en criticar la procedencia del problema.
La edil reconoce que el problema de las basuras viene de determinar el macrocontrato por 20 años de limpieza viaria, recogida de RSU y mantenimiento de jardines. En 2014 se ideó esa fórmula de largo recorrido, por un coste de 122 millones.
¿Gestión directa?
El portavoz del PSOE solicitaba una solución definitiva cuanto antes y lamentaba que, pese a ser un problema heredado, el actual equipo de Gobierno ha tomado decisiones que mantienen el problema vivo. «La solución es transitoria porque se retrasan sus decisiones. Esperaron a que una ejecución voluntaria pasara a forzosa y después a pedir incidente de ejecución de sentencia y después a alegar», recuerda Ramón, recuperando el procedimiento desde que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia obligara a volver al proceso de contratación del servicio por considerar, tal como había denunciado otra de las empresas postulantes, Urbaser, que había irregularidades en el pliego de condiciones. Pide Ramón que se tome una decisión ya «para nosotros la mejor sería la gestión directa, pero si no es así, que se adjudique a otra o desistan del contrato anterior y hagan una nueva licitación. Tienen todas estas opciones para escoger», propuso. Esa gestión directa fue solicitada de nuevo por Ponferrada en Común y, desde las filas del Partido Regionalista del Bierzo, PRB, Tarsicio Carballo pidió que se volviera al inicio para partir de cero y volver a contratar el servicio o bien recogerlo de modo municipal.
Muñoz llegó a criticar que se anulara el contrato a FCC, pese a que una sentencia judicial obligara a ello. Asegura que ese error llevó a una situación que dijo que supondrá un coste alto.
Desde Ciudadanos, Ruth Santín dijo entender que hay que esperar a esa aclaración solicitada sobre cómo ejecutar la sentencia que anula el procedimiento de contratación del Tribunal Superior de Justicia para realizarlo, pero sí pide que, una vez llegue, se tomen medidas inmediatas «porque la ciudad está sucia, ahora más si cabe, pero está sucia».
Desde USE, Folgueral preguntó por qué se ha esperado tanto para resolver el problema y asegura que se hará con una cuantía económica que no se conocerá. En el pleno estaban algunos de los trabajadores del servicio, para comprobar que se aprobaba el punto y así dar por finalizada la huelga. Aunque no están satisfechos totalmente con el acuerdo alcanzado, sí agradecen las ayudas para conseguirlo y esperan que la empresa proceda a su cumplimiento ya en la próxima nómina.