La Audiencia Provincial de León celebrará el próximo 21 de abril el juicio contra dos acusados por un presunto delito de estafa agravada a su nuera, una mujer con discapacidad auditiva, en una causa instruida por la Fiscalía de Área de Ponferrada.
El Ministerio Fiscal considera que los procesados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad y confianza de la víctima tras la muerte de su marido en 2005. A partir de entonces, la mujer pasó a ostentar el usufructo vitalicio de la vivienda familiar y de varias fincas rústicas.
Según la acusación, los suegros le plantearon una operación que ella entendió como un intercambio de derechos, pero que en realidad terminó siendo una compraventa formalizada en notaría en marzo de 2011 por algo más de 17.000 euros. La clave del caso radica en que la mujer habría firmado convencida de que se trataba de una permuta, sin ser consciente de que estaba perdiendo sus derechos hereditarios.
La Fiscalía sostiene además que la víctima, con una discapacidad del 57% por hipoacusia bilateral severa, no contó con intérprete de lengua de signos ni con medidas que garantizaran la correcta comprensión del documento durante el acto notarial. También mantiene que nunca llegó a percibir cantidad económica alguna por la operación.
Durante años, la mujer continuó residiendo en la vivienda creyendo que mantenía sus derechos. No fue hasta 2017, tras recibir una notificación de embargo de la Agencia Tributaria, cuando descubrió la situación e inició acciones judiciales en Ponferrada, que permitieron incluso paralizar la subasta del inmueble.
El Ministerio Fiscal solicita para los acusados seis meses de prisión, además de una multa, y reclama la nulidad de la escritura firmada en 2011, con el objetivo de restituir los derechos de usufructo a la víctima. Asimismo, pide mantener las medidas cautelares sobre el inmueble para garantizar una posible indemnización.
El juicio se centrará en determinar si existió engaño suficiente, si la mujer pudo comprender realmente lo que firmaba y si se produjo o no el pago por esos derechos, en un proceso en el que también se aprecia una atenuante por dilaciones indebidas debido al tiempo transcurrido hasta su celebración.