El Ministerio está dispuesto a incorporar cuestiones que la CNMC dice que hay que revisar, como la metodología de seguridad del suministro o la hibernación de centrales, que considera debe estar en la nueva norma sobre cierres, además de analizar su impacto en el mercado y al medio ambiente. En cuanto a los mecanismos de pagos por capacidad, que se otorgan para compensar a los operadores por tener disponible una central en caso de necesidad, es un debate que está abierto en Europa y que también modificará el mecanismo de subasta de las centrales cuyo cierre no sea aceptado.
CCOO no descarta las movilizaciones en el sector pero asegura que se harán «cuando llegue el momento»Pero el Ministerio discrepa con la CNMC en que el cambio de la regulación del cierre de centrales según su impacto económico y medioambiental no sea urgente, y trabaja para sacar la norma con celeridad.
Energía tampoco comparte las consideraciones que sobre la legalidad de la norma hace en su informe la CNMC, a la que considera no le corresponde valorar esa cuestión, que ya analizará el Consejo de Estado, y asegura que el real decreto tiene encaje en el marco normativo europeo y en el nacional.
El informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que las instalaciones térmicas españolas pueden ser prescindibles, puesto que pone de relieve que la capacidad eléctrica es excesiva y puede dejarse de lado el carbón. Ese informe, publicado por el órgano europeo pondría barreras a ese real decreto por el que el Gobierno pretende preservar la superviviencia de las centrales térmicas, entre ellas las bercianas de Anllares y Compostilla.
La Comisión considera que el marco legal regulatorio del sector eléctrico no incluye la posibilidad de tener voz para negar el cierre de una eléctrica ni tampoco proceder a subastarla. No hay tampoco ese supuesto en la normativa europea a la que volvería cualquier tipo de decisión que se tomara para dar el plácet. La Comisión habla de «inseguridad jurídica» en el real decreto con el que el Gobierno quería paralizar cualquier decisión unilateral por parte de las eléctricas de proceder al cierre de las térmicas de una manera fulminante.
Con respecto a la posibilidad de que el cierre de las centrales afecten en la subida de los precios, Competencia considera que es un capítulo poco desarrollado y tampoco recogido en la norma eléctrica. Como punto a favor, sí que destaca que los cierres deben realizarse con tiempo, para no causar daños colaterales y globalmente.
Competencia apunta que, en todo caso, lo que deberá regularse es «el marco normativo que resulte de la aplicación en el futuro de un eventual problema de seguridad en el suministro”.
En la actualidad, según la norma y como subraya también el organismo que dirige José María Marín, una empresa eléctrica podría cerrar sus puertas cuando lo estime, a no ser que hubiera un problema de seguridad de suministro, algo que considera que se debe controlar e incluso apunta que se debería desarrollar un procedimiento de «cierre temporal» de centrales de generación con el fin de regular ese exceso de capacidad que apunta. Incluso dice que si ese procedimiento hubiera existido desde 2013, los consumidores no habrían tenido que abonar 170 millones anuales por pagos por capacidad de las centrales.
El coordinador estatal de Industria base de CCOO, Jesús Crespo asegura desconocer el alcance de este informe sobre el que preguntará al secretario de Estado de Industria, con el que se reunirá el próximo día 30. De todos modos sí apunta que no es cierto que no se puedan presentar alegaciones a los cierres de las eléctricas. Crespo se reunió con los delegados de empresas eléctricas y mineras en el Bierzo para ver la situación del sector que considera «delicada».
Crespo dice que todos los partidos deben remar juntos con el fin de que «las decisiones en energía no vayan al albur de unas elecciones» sino que sean duraderas «y podamos tener una energía sostenible», apunta. Al Gobierno leecha en cara que los incumplimientos del marco de actuación de la minería han llevado a «cierres desordenados» de empresas, que abocan a problemas «muy graves para los mineros». Esa es la raíz del problema, que se complica este año especialmente porque en él finaliza el Plan del Carbón 2013-2018 y coletea la posibilidad de que las empresas tengan que devolver las ayudas dependiendo de su viabilidad. Crespo augura que todas darán el cierre si es así, pero también lamenta que en las cifras de generación eléctrica en 2017, solo el 17% ha usado carbón y de él, un 30% ha sido nacional para esa generación energética.
El sindicato UGT ratificó su apoyo al ministro de Energía, Álvaro Nadal, respecto al cierre de las centrales térmicas después del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y criticó el enfoque que esta le da al asunto desde unas perspectivas «totalmente mercantilistas».