Mientras, los trabajos de desmantelamiento sorteando la voladura de las torres en las que, cuando la Junta adoptó esta decisión ya se estaba introduciendo dinamita para ser voladas el 1 de diciembre, no avanzarán.
La decisión adoptada por los abogados podría pasar por ir más allá del recurso administrativo o incluso pedir responsabilidades de la parada de los trabajos, puesto que ahora las estructuras no están en la misma situación en la que estaban cuando estaban preparadas para el cuidado diseño y calendario que Endesa había estudiado.
Ese calendario se modifica ahora, pero también la manera en la que se debe desarrollar todo el trabajo, ya que, sin la retirada de las torres ni las chimeneas, ese diseño de ingeniería debería variar.
Así las cosas, el centenar de trabajadores que estaba operando para Recifemetal, la empresa contratada por Endesa para llevar el desmantelamiento, sigue en sus casas esperando una resolución y ya se les ha dado cuenta de la intención de presentar un ERTE sine die para solventar esta situación hasta recuperar los trabajos. Es más, cerca de una veintena de empleados han sido desplazados a otros trabajos en Portugal por la paralización de los de Compostilla.
Ahora la Junta sigue adelante con su intención de determinar si se deben preservar las torres que iban a ser dinamitadas y estudiar si pusieran ser motivo de una declaración de Bien de Interés Cultural, BIC.
Esta decisión ha abierto la caja de los truenos política con detractores y defensores de preservar o tirar. Y, en medio de esa decisión se deja entrever la peligrosidad que puede suponer dejar sin mantenimiento durante un tiempo las torres para después volver a operar en ellas. Una advertencia por si pudiera suceder un accidente laboral a futuro.
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