El Procurador del Común pide medidas a Educación para evitar "un gueto" en La Puebla

La institución del Procurador del Común solicita a la Consejería de Educación de Castilla y León que evite con sus políticas educativasla segregación de minorías étnicas en el colegio La Puebla de Ponferrada.

La institución defensora de los derechos del pueblo le sugiere a la administración regional que «planifique las estrategias necesarias» para recuperar los niveles de demanda escolar y así asegurar la plena integración de los alumnos en un colegioque concentra únicamentea alumnado de etnia gitana. Un alumnado que se reduce a tresdecenas de niños, la mitad de ellos con necesidades educativas especiales.

Entiende el Procurador que esta situación, «llevaimplícitoelreconocimientodeunaclaradiscriminaciónyel mantenimiento de los prejuicios tradicionales contra la raza gitana».

La situación actual del centro«haevidenciadoalgunosproblemasdelapolíticaeducativaeneste ámbito, ya que se está colaborando, cuando no legitimando, una diferenciación social que llevaimplícitoelreconocimientodeunadiscriminaciónyelmantenimientodeunos prejuicios «apunta la resolución del Procurador del Común al respecto de este centro.Algo a lo que colabora y legitima, dice «eldoble sistema educativo público-privado o concertado. De hecho, confirma que los datos disponibles confirman la inexistencia de menores gitanos en la escuela privada y muy pocos en la concertada a nivel regional.

La sugerencia del Procurador es que la administración revise los procesos de admisión en los colegios, «para garantizar un reparto uniforme y más equitativo de estos alumnos en las escuelas públicas y en los colegios concertados» y eliminar así las «escuelas gueto».

Es una sugerencia tomada de instituciones europeas como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y el Observatorio Europeo contra el Racismo y la Xenofobia, que consideranquelosestadosmiembros«deben asegurarsedequesuspolíticasyprácticasnotenganporresultadoinvoluntariola segregación o una presencia excesiva de miembros de las minorías étnicas en escuelas con un nivel académico inferior o de educación especial» y entiende «que la normativa vigente ofrece amplias posibilidades para definir políticas que combatan la segregación escolar» y aún entendiendo las dificultades que la administración pueda tener para combinar los derechos de libre elección de colegio con los derechos de las minorías, tiene la responsabilidad de hacerlo.