Aseguró Álvarez ante la audiencia que solo le pidió un reconocimiento médico antes de la vuelta «recomendado para los trabajadores con bajas superiores a tres meses», y lo hizo «por su propia seguridad y la del resto de trabajadores del Ayuntamiento debido a varios episodios de violencia verbal y porque había recibido el alta voluntaria tras no presentarse en dos ocasiones a las citas con la mutua» y en la que le informa de la existencia de un expediente sancionador abierto por la Junta de Castilla y León.
«He actuado conforme a la legalidad», destacaba el regidor, que considera la pena solicitada excesiva y que este caso esté politizado. De hecho el concejal no adscrito, Adolfo Canedo, se desplazó al juicio, al que fueron llamados peritos y el propio interventor y aseguró que había quedado claro que la Junta de Castilla y León había reclamado la vuelta del trabajador hasta cuatro veces.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.