El alcalde de Bembibre "se salta a la torera" las decisiones judiciales, dice el PSOE

El que fuera portavoz en la anterior legislatura por el PSOE en el Ayuntamiento de Bembibre, Manuel Ángel Rey asegura que su grupo se ha visto obligado a iniciar vía penal, tras no haber conseguido que el regidor, Manuel Otero, acatara las sentencias dictadas tanto por la Audiencia Provincial como por el Tribunal Superior de Justicia y que le obligaban a echar abajo la licitación de los servicios de gestión de las piscinas climatizadas y de la residencia de ancianos, que ha llevado siempre la empresa Clece «se ha saltado a la torera todas las sentencias», dice.  

Recuerda  Rey que en 2013, aprovechando una prórroga de contrato, el Ayuntamiento incluyó en la concesión de los servicios que llevaba Clece las piscinas de verano. Asegura Rey que se justificó ese movimiento, que en ningún caso estuvo amparado con documentación ni salió a concurso para que otras empresas pudieran hacerse con el servicio, en un desencaje de cuentas, puesto que las piscinas climatizadas se cerraban de junio a septiembre y antes solo lo hacían en agosto. En aquel momento, el PSOE ya tomó medidas y, tras avisar al alcalde de las irregularidades que se habían llevado a cabo en ese procedimiento, optaron por denunciar al Contencioso Administrativo. El «cúmulo de infracciones» irregulares, es en lo que la sentencia del TSJ basó la eliminación de la prórroga de cesión de servicios, aunque nunca llegó a materializarse.

El Contencioso y el TSJ confirmaron las irregularidades. Incluso la sentencia considera de «especial gravedad» que «el expediente de la prórroga acordada no incluya ningún informe jurídico ni económico. Tampoco consta la preceptiva fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, ni la necesaria propuesta de modificación ni la prestación por el empresario de las garantías previstas por la ley... El acuerdo entre Otero y Clece se basa en la estimación por el alcalde de un supuesto recurso extraordinario de revisión fuera de todos los plazos de impugnación y basado en un error de hecho inexistente». Por eso apunta que «el cúmulo de infracciones ilegales es tal que al haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido se declara la nulidad absoluta de la actuación administrativa y se condena al Ayuntamiento y a Clece a pagar las costas del juicio inicial y del recurso de apelación». El PSOE pide explicaciones de porqué Otero «ha agotado todos los recursos» y ha seguido manteniendo a Clece como concesionaria de los servicios, por lo que ahora se investiga al regidor y al equipo de gobierno con el que tomó la decisión de prórroga en 2013, por presunta prevaricación administrativa.

El PSOE considera que estos hechos que pueden ser constitutivos de delito, deberían separar a Otero de su cargo e incluso hacer reflexionar el PP sobre su cargo como procurador en las Cortes.