La Fábrica de Luz. Museo de la Energía, dentro de la séptima edición del Congreso de Jóvenes Expertos que comparte con la Universidad de León y el Centro Asociado UNED Ponferrada, dirigido a estudiantes de Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos, dio voz a los alumnos del Plurilingüe María Auxiliadora (Salesianos Ourense) que recogieron varios temas relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Uno de ellos fue el problema de Altri. Exponían los estudiantes que el nombre de Altri se ha convertido en uno de los más repetidos en el debate sobre el futuro industrial de Galicia. La empresa portuguesa, especializada en la transformación de madera de eucalipto en pulpa de celulosa, impulsa un proyecto para instalar una planta de fibras textiles en Palas de Rei, en la provincia de Lugo. La iniciativa ha generado una fuerte división entre quienes ven en ella una oportunidad de desarrollo y quienes alertan de sus posibles consecuencias ambientales.
El trabajo presentado por los alumnos Manuel Vázquez y Saga Estévez, de Primero de Bachillerato del Colegio María Auxiliadora de Ourense, en las VII Jornadas de Jóvenes Expertos de Ponferrada, abordó este caso desde la perspectiva del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, centrado en industria, innovación e infraestructuras.
Altri, con sede en Oporto y presencia en el principal índice bursátil portugués, proyectaba en Galicia una planta para producir celulosa soluble y lyocell, una fibra vegetal utilizada en la industria textil como alternativa a materiales derivados del petróleo. El proyecto se canaliza a través de la sociedad Greenfiber, participada mayoritariamente por la compañía portuguesa junto a la empresa gallega Greenalia. Según sus promotores, la instalación supondría la creación de alrededor de 500 empleos directos cuando esté en funcionamiento. A ellos se sumarían entre 2.000 y 3.700 puestos indirectos vinculados a transporte, logística y servicios auxiliares, además de más de 4.000 empleos temporales durante la fase de construcción. Los defensores de la iniciativa subrayan también el impulso que podría aportar a zonas rurales con menos oportunidades laborales y la posibilidad de situar a Galicia como referente en fibras textiles sostenibles.
Frente a estos argumentos, distintos colectivos han mostrado su preocupación por el impacto ambiental de la planta. Entre los principales riesgos señalados se encuentra el vertido diario de miles de metros cúbicos de agua tratada a mayor temperatura que la del medio natural, lo que podría alterar los ecosistemas fluviales. También se advierte sobre la posible expansión del eucalipto, especie de rápido crecimiento y elevada inflamabilidad.
Otra de las cuestiones que ha generado debate es la proximidad de la planta al Camino de Santiago, uno de los principales referentes patrimoniales y turísticos de la comunidad. Las dimensiones de las instalaciones y la altura de sus chimeneas han sido objeto de críticas por su posible impacto paisajístico.
Las movilizaciones ciudadanas se han sucedido en distintos puntos de Galicia, reflejando una oposición que va más allá del ámbito técnico y que cuestiona el modelo forestal y productivo de la comunidad.
Desde la empresa promotora se insiste en que el proyecto cumple con la normativa vigente. Se defiende que se utilizará eucalipto ya existente, que el agua empleada será tratada antes de su devolución y que las emisiones previstas se ajustan a los límites legales. Asimismo, se asegura que la producción se centrará en fibras textiles y no en celulosa para papel, y que se respetarán las directrices internacionales en materia patrimonial.
En el plano institucional, la Xunta de Galicia ha respaldado públicamente la iniciativa, destacando su potencial económico. Por el contrario, el Gobierno de España ha mostrado reticencias y ha denegado la conexión a la red eléctrica solicitada por la empresa, lo que mantiene el proyecto en una situación de incertidumbre.
El caso Altri resume uno de los grandes dilemas contemporáneos: cómo compatibilizar desarrollo industrial, creación de empleo y sostenibilidad ambiental. La reflexión planteada por los estudiantes en las Jornadas de Jóvenes Expertos no ofrece una respuesta cerrada, pero sí evidencia la complejidad de aplicar el ODS 9 cuando el progreso económico y la protección del entorno parecen entrar en tensión. El futuro del proyecto (que parece descartado hoy) dependerá de decisiones técnicas, políticas y sociales, pero también del modelo de territorio que Galicia quiera consolidar en los próximos años.
Tierras raras: el corazón de la transición sostenible
Otro de los temas tratados fue el de las «tierras raras», uno de los grandes pilares de la transición energética y digital. Sara Fernández y Antón Rodicio, alumnos de Primero de Bachillerato del CPR Plurilingüe María Auxiliadora de Ourense, abordaron este tema en su trabajo presentado a las VII Jornadas de Jóvenes Expertos de Ponferrada, donde reflexionaron sobre su importancia tecnológica, su dimensión geopolítica y el potencial de Galicia en este ámbito.
Las «tierras raras» son un conjunto de 17 elementos químicos de la tabla periódica. Incluyen el itrio, el escandio y los 15 lantánidos, entre ellos el lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio o samario. Pese a su nombre, no son especialmente escasas en la corteza terrestre. La denominación «tierras raras» responde a la dificultad para encontrarlas en estado puro y a una antigua forma de denominar a los óxidos minerales como «tierras». Su importancia radica en sus propiedades magnéticas, ópticas y conductoras únicas. El neodimio, por ejemplo, es clave en la fabricación de imanes de alta potencia utilizados en turbinas eólicas y motores de vehículos eléctricos, dos elementos esenciales para avanzar hacia una economía descarbonizada. Otros elementos como el europio y el terbio se emplean en la fabricación de luces LED, mientras que su conductividad resulta fundamental en baterías y componentes electrónicos.
Las tierras raras no solo están presentes en energías renovables, sino también en teléfonos móviles, ordenadores, sistemas de defensa y equipamiento médico avanzado.
En definitiva, son piezas invisibles pero esenciales del desarrollo tecnológico contemporáneo.
El trabajo también subraya su papel en el ámbito sanitario. El gadolinio se utiliza como contraste en resonancias magnéticas para mejorar la visualización de tejidos y órganos. El lutecio se emplea en tratamientos de radioterapia contra determinados tipos de cáncer, como el de próstata o tumores neuroendocrinos. Asimismo, el itrio se utiliza en tratamientos de cáncer hepático y el samario en el diagnóstico y tratamiento del cáncer óseo. Las investigaciones actuales exploran también el uso de nanopartículas de óxido de gadolinio y sondas fluorescentes con europio o terbio para mejorar el diagnóstico precoz de enfermedades.
En el plano internacional, China domina el mercado mundial. Extrae aproximadamente el 60% de las tierras raras y procesa cerca del 85%, lo que le otorga una enorme influencia económica y estratégica. Para reducir esta dependencia, la Unión Europea impulsa políticas de diversificación del suministro, reciclaje y exploración de nuevos yacimientos dentro del territorio comunitario. En este contexto, Galicia aparece como una región con potencial relevante.
Galicia cuenta con diversos enclaves con presencia de minerales ricos en tierras raras, especialmente monacita, necesaria para obtener lantánidos. Destacan zonas entre Vigo y Gondomar, el Monte do Galiñeiro, la Ría de Vigo o Salvaterra de Miño. La comunidad también alberga otros minerales considerados críticos por la Unión Europea, como el wolframio o el antimonio. La posible explotación de estos recursos podría modificar la posición de España dentro de las cadenas de suministro europeas y atraer inversión extranjera.
Uno de los casos recientes más destacados es la mina de Penouta, en la provincia de Ourense, considerada la única explotación de coltán en Europa. En octubre de 2025, el diario La Región informó de su adjudicación a la empresa australiana Energy Transmission Minerals tras un proceso concursal. La decisión judicial priorizó la oferta económica más alta, pese a la oposición de la comunidad de montes propietaria de los terrenos. La reapertura de la mina, no obstante, sigue pendiente de resoluciones judiciales tras denuncias de grupos ecologistas.
La explotación de tierras raras en Europa no está exenta de dificultades. España y la Unión Europea cuentan con normativas estrictas en materia de minería y protección ambiental. Los proyectos deben superar exigentes evaluaciones de impacto ambiental, lo que puede retrasar o incluso frenar su desarrollo. Este equilibrio entre desarrollo económico y protección del entorno constituye uno de los principales retos del sector.
Según expusieron los estudiantes, la explotación responsable de tierras raras podría generar empleo en minería, procesamiento y refinado, así como en sectores vinculados a tecnologías limpias. También abriría oportunidades en investigación y desarrollo, en colaboración con universidades y centros tecnológicos, además de atraer inversiones en infraestructuras como plantas de procesamiento o proyectos energéticos.
La clave, subrayan, está en apostar por la innovación, la economía circular y la creación de cadenas de valor locales que permitan no solo extraer el recurso, sino también transformarlo y fabricar productos finales como imanes o baterías.
El trabajo concluye con una reflexión clara: Galicia puede desempeñar un papel estratégico en la transición ecológica europea si logra combinar recursos naturales, desarrollo tecnológico y sostenibilidad ambiental.
Para ello consideran necesario impulsar centros de investigación en colaboración con universidades y empresas, fomentar la fabricación de productos finales, establecer alianzas europeas y aplicar procesos de extracción y reciclaje responsables.
Las tierras raras, invisibles pero decisivas, se perfilan así como uno de los grandes debates industriales y ambientales del presente. Y también como una oportunidad para que regiones como Galicia se sitúen en el mapa estratégico de la nueva economía verde.
Residuos radiactivos: del vertido en el Atlántico a los almacenes geológicos
Los residuos radiactivos forman parte de uno de los debates científicos y ambientales más complejos del último siglo. Manuel Deaño Santaya e Iker González Colmenero, alumnos de Primero de Bachillerato del Colegio María Auxiliadora de Ourense, abordaron esta cuestión en su trabajo para las Jornadas de Jóvenes Expertos, ofreciendo una visión estructurada sobre su origen, su clasificación y su gestión a lo largo del tiempo.
Según la información del Consejo de Seguridad Nuclear, los residuos radiactivos se clasifican en función de su nivel de actividad y del tiempo durante el que permanecen peligrosos. Existen residuos de muy baja actividad, de baja y media actividad y de alta actividad. Los primeros emiten poca radiación y suelen proceder de materiales como ropa de trabajo o escombros de instalaciones nucleares. Los de baja y media actividad incluyen utensilios médicos contaminados, guantes o herramientas de laboratorio. Los de alta actividad, en cambio, son los más peligrosos y pueden seguir emitiendo radiación y calor durante miles de años. En este grupo se encuentran el combustible nuclear usado y las barras de uranio gastadas.
El principal origen de los residuos radiactivos son las centrales nucleares, destinadas a la producción de energía eléctrica. Sin embargo, no es el único. La medicina nuclear genera residuos al emplear materiales radiactivos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades. También la industria y la investigación utilizan fuentes radiactivas para controles de calidad o análisis estructurales. Por último, el ámbito militar, vinculado a la fabricación y mantenimiento de armas nucleares, produce residuos de alta actividad.
El vertido en el Atlántico
Hasta 1982, varios países europeos optaron por una solución hoy impensable: el vertido de bidones con residuos radiactivos en el océano Atlántico nororiental, en zonas que superaban los 4.000 metros de profundidad. Participaron en estas operaciones Reino Unido, Francia, Bélgica, Países Bajos, Suiza y Alemania.
La práctica se justificaba bajo la creencia de que la inmensidad del océano diluiría la radiactividad y que la gran profundidad aislaría los materiales. Además, era una opción más económica que el almacenamiento en tierra y estaba permitida por acuerdos internacionales de la época. Sin embargo, la presión de científicos, organizaciones ecologistas y la sociedad civil fue en aumento. Se empezó a alertar del riesgo para los ecosistemas marinos y la cadena alimentaria, así como de la acumulación de radiactividad en el medio. En 1982 los vertidos se suspendieron y en 1993 quedaron prohibidos definitivamente a nivel internacional.
En la actualidad no se han detectado niveles significativos de radiación en zonas próximas a los puntos de vertido ni existe evidencia clara de un impacto severo en especies marinas. No obstante, el futuro genera preocupación. Si los bidones se deterioraran y liberaran material radiactivo, podría producirse contaminación de cadenas alimentarias que incluyen a los seres humanos, además de exposición a radiación en comunidades costeras. Precisamente para actualizar la información, una expedición científica francesa realizada en junio y julio de 2025 tuvo como objetivo localizar con mayor precisión los bidones, obtener imágenes de su estado y analizar posibles impactos medioambientales mediante muestras de agua, sedimentos y biota.
Hoy la gestión de residuos radiactivos es mucho más estricta y se adapta al nivel de peligrosidad. Los residuos de muy baja actividad se depositan en vertederos controlados o almacenes próximos a la superficie. Es un método considerado seguro y económico debido a su bajo nivel de radiación. Los residuos de baja y media actividad se almacenan en instalaciones especiales, generalmente en superficie o a poca profundidad, dentro de celdas de hormigón con contenedores sellados que garantizan su aislamiento.
En España, uno de los principales centros para este tipo de residuos es el Centro de almacenamiento de El Cabril, ubicado en Córdoba, donde se gestionan residuos de muy baja, baja y media actividad bajo estrictos sistemas de vigilancia. Por su parte, los residuos de alta actividad requieren un aislamiento mucho mayor. Primero se almacenan en piscinas dentro de las propias centrales nucleares para disipar el calor que emiten y posteriormente se trasladan a instalaciones especiales, diseñadas para su confinamiento en condiciones de máxima seguridad, preferentemente en formaciones geológicas estables.
La gestión moderna de residuos radiactivos se basa en la vigilancia continua, el monitoreo periódico, la investigación del estado de los contenedores y la planificación de protocolos ante posibles incidentes. La extracción de antiguos bidones depositados en el fondo marino, sin embargo, no se contempla como opción sencilla debido a la complejidad técnica y al riesgo que implicaría.
El trabajo de los alumnos pone de relieve la evolución histórica en la gestión de estos residuos y el cambio de mentalidad experimentado en las últimas décadas. De considerar el océano como un vertedero infinito se ha pasado a una estrategia basada en el control, el aislamiento y la responsabilidad intergeneracional. La cuestión de los residuos radiactivos no es solo técnica. Es también ética y social. Implica tomar decisiones hoy que afectarán a generaciones futuras. Esa es, en definitiva, la reflexión que subyace en la investigación presentada por estos jóvenes estudiantes.