La comarca del Bierzo se posiciona ante uno de los proyectos industriales más ambiciosos de los últimos años, pero también ante un nuevo foco de controversia social. Compostilla Green, la planta de combustibles sostenibles para aviación impulsada por RIC Energy en Cubillos del Sil, ha sido seleccionada dentro del programa estatal de valles de hidrógeno renovable, con una ayuda pública superior a los 81 millones de euros.
La iniciativa, que prevé movilizar una inversión total de más de 700 millones de euros, aspira a situar al Bierzo en el mapa europeo de la transición energética. Sin embargo, no todos los actores ven con buenos ojos su desarrollo. La plataforma Bierzo Aire Limpio ha mostrado un rechazo frontal, centrando sus críticas en los socios del proyecto y en las garantías económicas y ambientales de la actuación.
La futura planta, ubicada en el polígono industrial de El Bayo, producirá queroseno sintético mediante hidrógeno renovable y CO₂ capturado, con una capacidad estimada de 60.000 toneladas anuales. Su puesta en marcha está prevista antes de 2030.
Según la promotora, el proyecto generará más de 2.000 empleos durante su construcción, 240 puestos estables y miles de empleos indirectos, en un contexto marcado por la reindustrialización tras el cierre de las térmicas.
Además, la iniciativa se alinea con las políticas europeas de descarbonización del transporte aéreo y con la estrategia ReFuelEU, que obligará a incorporar combustibles sostenibles en la aviación en los próximos años.
Dudas sobre solvencia y transparencia con Édora
En paralelo, RIC Energy ha firmado un acuerdo con Grupo Édora para explorar el desarrollo de plantas fotovoltaicas en la comarca que abastezcan energéticamente el complejo industrial.
Es precisamente esta alianza la que ha encendido las alarmas de Bierzo Aire Limpio. La plataforma rechaza la entrada del Grupo Édora en el proyecto y advierte de posibles riesgos asociados a su estructura empresarial y antecedentes.
En un comunicado, el colectivo señala que el modelo basado en múltiples sociedades limitadas “de escasa entidad” podría derivar en proyectos “descapitalizados”, lo que pondría en peligro tanto las inversiones públicas como el retorno económico para el territorio.
Además, cuestiona la trayectoria de algunos de los responsables vinculados al grupo, mencionando su relación con casos judiciales pasados y alertando sobre la “opacidad financiera” y el uso de estructuras societarias complejas, incluso con conexiones en territorios como Gibraltar.
La plataforma teme que el Bierzo pueda convertirse en “la próxima víctima” de proyectos fallidos o con escaso arraigo real en el territorio, recordando experiencias previas en el sector energético donde, aseguran, quedaron compromisos incumplidos con administraciones locales y juntas vecinales.
Desarrollo industrial frente a desconfianza social
Frente a este planteamiento, la plataforma Bierzo Aire Limpio ha endurecido su discurso, situándose como uno de los principales focos de oposición.
El colectivo no solo cuestiona la viabilidad del proyecto, sino también el modelo energético que representa. Denuncia que la proliferación de grandes instalaciones vinculadas a renovables puede suponer una “industrialización encubierta del medio rural”, con impactos sobre el paisaje, el uso del suelo y los recursos naturales.
A ello se suma la preocupación por la entrada del Grupo Édora en el desarrollo del proyecto. Bierzo Aire Limpio advierte de posibles riesgos derivados de su estructura empresarial y de antecedentes que, a su juicio, generan “dudas razonables” sobre su solvencia. En este sentido, alertan de la posibilidad de que iniciativas de este tipo terminen dejando proyectos incompletos, deudas o compromisos incumplidos en el territorio.
Temor a repetir errores del pasado
Uno de los ejes del rechazo social es el miedo a que se repitan situaciones vividas en etapas anteriores de reconversión industrial. Desde la plataforma recuerdan experiencias en las que grandes proyectos energéticos no cumplieron las expectativas generadas, especialmente en materia de empleo estable o retorno económico real para la población local.
También ponen el acento en la gestión de los recursos públicos, al tratarse de una iniciativa con una importante financiación estatal. En este sentido, reclaman mayor transparencia, control institucional y garantías previas antes de avanzar en su desarrollo.
La contestación a Compostilla Green no se limita a una oposición puntual, sino que refleja un debate más amplio en la comarca sobre el modelo de futuro. Por un lado, administraciones y promotores defienden la necesidad de atraer inversiones ligadas a la transición energética para sustituir la actividad perdida con el cierre de las térmicas. Por otro, colectivos sociales reclaman que ese proceso se realice con criterios de sostenibilidad real, arraigo territorial y participación ciudadana.
En este contexto, el desarrollo del proyecto será también una prueba sobre cómo se gestionan los grandes cambios económicos en territorios como El Bierzo, donde la urgencia por generar empleo convive con una creciente exigencia social de garantías.