CCOO ha denunciado ante la Inspección Central de Trabajo al Ministerio de Justicia de España por lo que considera un incumplimiento de sus obligaciones en materia de vigilancia de la salud laboral en más de un centenar de centros de trabajo del ámbito no transferido de la Administración de Justicia.
El sindicato alerta de que más de 2.000 trabajadores podrían estar expuestos a contaminación por gas radón, un elemento radiactivo natural que se acumula en espacios cerrados y que puede provocar cáncer de pulmón. Entre las provincias afectadas figuran Ciudad Real, Toledo, León, Salamanca, Zamora, Badajoz, Cáceres, Madrid o Santa Cruz de Tenerife, además de la ciudad autónoma de Ceuta.
En el caso de la provincia de León, CCOO señala que los municipios afectados son Ponferrada, Astorga, Igüeña y Encinedo, donde existen centros de trabajo dependientes de Justicia que podrían encontrarse en zonas de actuación prioritaria frente al radón.
El conflicto se remonta a la publicación en el BOE del 1 de mayo de 2025 de la Instrucción IS-47 del Consejo de Seguridad Nuclear, que establece los municipios donde deben realizarse mediciones obligatorias de radón en centros de trabajo situados en sótanos o plantas bajas.
Tras esa publicación, CCOO solicitó al Ministerio de Justicia que instalara medidores en todos los centros afectados, donde trabajan 2.214 funcionarios de los cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia, además de personal del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El Ministerio respondió que no dispone de medios humanos ni materiales para realizar las mediciones, por lo que anunció que publicaría una licitación para contratar un servicio externo que realizara los estudios.
Seis meses sin mediciones ni licitación
Sin embargo, el sindicato denuncia que han pasado con creces los seis meses establecidos por la normativa y no se ha publicado la licitación, ni se han instalado medidores, ni se han comunicado resultados a los delegados de prevención.
Para CCOO, esta situación supone una grave falta de prevención en materia de salud laboral, ya que los trabajadores podrían estar expuestos durante meses a un gas que, según la Organización Mundial de la Salud, es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaquismo.
Ante esta situación, el sindicato ha trasladado también la denuncia al Consejo de Seguridad Nuclear y ha pedido a la Inspección de Trabajo que obligue al Ministerio de Justicia a iniciar de inmediato las mediciones de radón en los centros afectados.
Además, CCOO solicita que si existe riesgo para la salud del personal se suspenda temporalmente la actividad laboral en los centros afectados hasta que se realicen las mediciones y se descarten posibles riesgos.
El sindicato considera “muy grave” la pasividad del ministerio y critica que, mientras se exige a empresas y administraciones el cumplimiento de estas medidas preventivas, los propios trabajadores de la Administración de Justicia estén siendo tratados como personal de “segunda categoría” en materia de prevención de riesgos laborales.