Coalición por El Bierzo (CB) en Igüeña reclama al Ayuntamiento que revise el censo municipal de amianto para evitar que posibles errores perjudiquen a los propietarios. La formación, a través de su portavoz, Luis González, pide comprobaciones rigurosas de los 353 inmuebles incluidos en el documento, garantías para los vecinos afectados y ayudas económicas para afrontar los costes que pueda implicar la retirada de este material.
CB anima a los propietarios que tengan dudas sobre la inclusión de sus edificaciones, detecten posibles errores o desconozcan si la presencia de amianto está confirmada a consultar el censo y presentar alegaciones. El periodo de información pública permanece abierto hasta el 3 de noviembre de 2026, antes de la aprobación definitiva del documento.
La formación pone el foco también en el coste y los plazos de elaboración del inventario. Según señala, el Ayuntamiento recibió una subvención de 4.000 euros de la Diputación de León y adjudicó el contrato por 4.444,44 euros. El documento fue entregado el 23 de febrero de 2026, aunque su tramitación para la aprobación no se impulsó hasta septiembre.
A juicio de CB, esta inversión y la demora hacen necesario que el resultado sea riguroso y aporte certezas a los vecinos. Por ello, reclama al equipo de gobierno que encabeza el alcalde, Alider Presa, que informe adecuadamente a los afectados y clasifique las edificaciones atendiendo a criterios como el estado de conservación, la peligrosidad, la exposición y la prioridad de actuación.
La formación considera especialmente importante diferenciar los inmuebles en los que se ha confirmado la presencia de amianto de aquellos en los que únicamente se presume, y realizar inspecciones sobre el terreno en estos últimos para comprobar si realmente contienen el material.
CB pide al Ayuntamiento que busque vías de financiación para habilitar ayudas a los propietarios y reducir el impacto económico que estas actuaciones puedan suponer. La formación sostiene que los vecinos deben disponer de información clara y de garantías antes de que el censo quede aprobado definitivamente.
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