Alfonso Fernández Manso: "Necesitamos justicia territorial también en relación con los incendios"

La oleada de fuegos de julio de 2026 ha unido en una misma emergencia bosques, pueblos, urbanizaciones, carreteras, explotaciones agrarias y redes de servicios. Los fuegos de Madrid y Ávila motivaron la declaración de emergencia de interés nacional, después extendida a Toledo, mientras León afrontaba varios incendios de gravedad 2 y evacuaciones. “No estamos únicamente ante una campaña muy dura, sino ante un problema territorial que España lleva décadas aplazando”, dice el ingeniero de montes y catedrático de la Universidad de León, Alfonso Fernández Manso.

- Otro año volvemos a mirar el termómetro como si fuera el causante de los incendios. ¿No hemos aprendido nada? ¿Se ha trabajado durante todo el año para evitar fuegos fuera de capacidad de extinción?

-El termómetro no enciende el monte, pero determina con qué facilidad puede arder y con qué intensidad se propagará el fuego. Junio de 2026 fue el segundo más cálido y el tercero más seco de la serie histórica española. Llegamos a julio con una vegetación sometida a un estrés hídrico extraordinario y una chispa que en otro momento habría producido un conato puede convertirse en un incendio extremo. Hemos aprendido mucho en el ámbito operativo. Los dispositivos conocen mejor el fuego, disponen de más tecnología y coordinan recursos muy especializados. Lo que no hemos hecho es trasladar ese aprendizaje a la organización del territorio. Seguimos actuando como si el problema comenzara el día de la ignición, cuando se ha construido durante años mediante el abandono de tierras, la continuidad del combustible, la desaparición de actividades rurales y una urbanización que no siempre incorporó el riesgo. Hay tratamientos selvícolas, desbroces, quemas prescritas y trabajos preventivos, pero a menudo son actuaciones dispersas, discontinuas y sujetas al presupuesto anual. Preparar el territorio no es desbrozar indiscriminadamente, es intervenir en lugares estratégicos donde pueda modificarse el comportamiento del fuego y donde los equipos puedan trabajar con seguridad. Las orientaciones estatales sitúan como primer objetivo gestionar el territorio rural para hacerlo sostenible frente a los incendios e integrar las políticas forestales, agrarias, urbanísticas y de protección civil. El diagnóstico existe; falta aplicarlo con continuidad y a escala de paisaje.

-¿Quién quema el monte y a quién le beneficia que arda?

-Los incendios de 2026 muestran que no existe una única causa ni puede hablarse, con las pruebas disponibles, de una trama organizada. En Ávila, Toledo y Madrid, algunos de los grandes fuegos se han relacionado con el uso de maquinaria, trabajos de soldadura o el incendio accidental de un vehículo; en León se investigan incendios accidentales, naturales e intencionados. Conocer quién produjo la primera chispa no explica por qué el fuego pudo alcanzar dimensiones extraordinarias. La pregunta fundamental es qué territorio permite que una imprudencia, una avería o un rayo se conviertan en una catástrofe. El abandono de parcelas, la desaparición del pastoreo y de los aprovechamientos forestales, la continuidad de la vegetación y la falta de protección de pueblos y urbanizaciones crean paisajes extremadamente vulnerables. De un gran incendio no se beneficia la sociedad: pierden los vecinos, agricultores, ganaderos, propietarios, administraciones y ecosistemas. Puede haber intereses individuales en casos concretos, pero deben demostrarse. El monte puede prender por muchas causas, mayoritariamente humanas, pero arde de forma catastrófica porque hemos construido y mantenido un territorio preparado para propagar el fuego.

"El fuego se combate con medios de extinción; la seguridad se construye mucho antes de la primera llama"

-Las masas abandonadas son muy vulnerables. ¿Hasta qué punto está relacionado el aprovechamiento del monte con su capacidad para arder? ¿Qué papel pueden desempeñar esas “ovejas bomberas”?

-Mucho, aunque un bosque no arde simplemente por estar “sucio”. El problema aparece cuando existe una gran cantidad de vegetación disponible y una continuidad horizontal y vertical que permite al fuego avanzar del pasto y el matorral a las copas. Durante siglos, agricultura, ganadería extensiva, recogida de leña, aprovechamientos forestales, viñedos, castañares y prados generaron paisajes heterogéneos. No fueron diseñados como cortafuegos, pero producían discontinuidades. Cuando desaparecen esos usos, las parcelas se cubren de vegetación y terminan conectándose. Aquí debemos reconocer el fracaso de muchas políticas aplicadas al medio rural y de una determinada interpretación de la conservación. No ha fracasado conservar la naturaleza; ha fracasado confundir conservación con ausencia de gestión. Hay ecosistemas en los que la no intervención es adecuada, pero en paisajes mediterráneos habitados proteger puede exigir pastoreo, selvicultura, agricultura y aprovechamiento de biomasa. Conservar no es abandonar. Y el ganado no es una desbrozadora gratuita. Necesita explotaciones viables, pastores, agua, accesos y relevo generacional. Si queremos que preste un servicio preventivo, debe planificarse y remunerarse de forma estable. De lo contrario, las “ovejas bomberas” serán un eslogan simpático sin capacidad para transformar el territorio.

-Tampoco se han completado las franjas de protección de muchos pueblos. ¿Por qué?

-Porque, en muchos casos, no se han elaborado verdaderos planes de autoprotección con todo lo que implican. Proteger un pueblo no consiste únicamente en desbrozar una franja junto a las primeras viviendas una vez al año. Es necesario analizar cómo puede llegar el fuego, identificar las zonas más vulnerables, mantener la vegetación de forma continuada, garantizar accesos para los medios de emergencia, disponer de hidrantes, señalizar calles y rutas de evacuación, prever la atención a personas dependientes y establecer claramente quién dirige, financia y ejecuta cada actuación. En la aldea en la que vivo, como sucede en muchos otros núcleos rurales, seguimos sin contar con una planificación integral de este tipo. Además, muchas de las franjas previstas no se han ejecutado o mantenido porque una parte importante del problema se encuentra en fincas privadas sobre las que las administraciones no siempre actúan con suficiente contundencia. La fragmentación de la propiedad, la ausencia de algunos titulares, los conflictos competenciales y la falta de procedimientos eficaces terminan bloqueando actuaciones imprescindibles para la seguridad colectiva. Habría que realizar una evaluación provincial, municipio por municipio, para saber qué planes existen, qué franjas se han ejecutado, cuáles se mantienen y dónde persisten los incumplimientos. A partir de ese diagnóstico deben establecerse responsabilidades claras, financiación plurianual, mecanismos de ejecución subsidiaria cuando los propietarios no actúen y soluciones sostenibles que garanticen el mantenimiento de estas áreas durante todo el año. No es solo una cuestión técnica ni presupuestaria, sino un problema de gobernanza, cumplimiento y responsabilidad pública.

-¿Cómo influye la despoblación y cómo se puede recuperar un paisaje en mosaico?

- La despoblación no causa por sí sola un incendio, pero modifica radicalmente el paisaje. Menos habitantes suelen significar menos cultivos, menos ganado, menos vigilancia cotidiana y menos mantenimiento de caminos. También aumenta la edad de la población que debe ser protegida y evacuada. El fuego encuentra más vegetación abandonada y la emergencia, comunidades más vulnerables. Cambiar la gestión territorial no consiste en pedir retóricamente que la gente vuelva al pueblo. Hay que crear condiciones para vivir y producir: servicios, vivienda, conectividad, apoyo a pequeñas explotaciones, agrupaciones de propietarios, bancos de tierras, transformación local de productos y pagos por servicios ecosistémicos. Si gestionar una hectárea cuesta más que abandonarla, el abandono seguirá siendo racional para el propietario, aunque colectivamente resulte desastroso. El mosaico es realista, pero no consiste en dibujar un damero perfecto. Es un paisaje con usos, estructuras y vegetación diversa, adaptado a cada comarca y a la escala a la que se mueve el fuego. La ciencia y los documentos estratégicos reconocen que la ganadería extensiva, la selvicultura, las quemas prescritas y los cultivos pueden reducir la intensidad del incendio y ofrecer oportunidades de extinción. Lo difícil es sostenerlo en el tiempo debido a que la propiedad está fragmentada, muchos titulares no residen allí y las ayudas se dividen en convocatorias sectoriales. Hacen falta proyectos comarcales de diez o quince años, construidos con agricultores, ganaderos, propietarios forestales y habitantes, no actuaciones aisladas de una legislatura.

"Hacen falta proyectos comarcales de diez o quince años, construidos con agricultores, ganaderos, propietarios forestales y habitantes, no actuaciones aisladas de una legislatura"

-¿Por qué se invierte tanto en sofocar incendios y aparentemente tan poco en prevención?

-Porque seguimos entendiendo la prevención de una manera demasiado reducida, casi siempre vinculada a desbroces, cortafuegos o tratamientos sobre la vegetación forestal. Pero si hablamos de incendios territoriales, prevenir significa actuar sobre el conjunto del espacio en el que el fuego puede propagarse y causar daños: montes, cultivos, pastizales, carreteras, infraestructuras, pueblos, urbanizaciones y, muy especialmente, las zonas de interfaz urbano-forestal. En estos espacios no basta con gestionar combustible. Hay que ordenar el crecimiento urbano, reducir la vulnerabilidad de las viviendas, garantizar accesos y vías de evacuación, disponer de puntos de agua, mantener franjas de protección, elaborar verdaderos planes de autoprotección y coordinar a propietarios, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y servicios de emergencia. Tenemos un sistema institucional que favorece la respuesta inmediata frente a la planificación a largo plazo. Un helicóptero, una brigada o un puesto de mando son visibles y responden a una emergencia concreta; en cambio, la prevención se distribuye entre distintas administraciones, requiere continuidad durante años y su éxito consiste precisamente en que la catástrofe no llegue a producirse. La extinción debe estar bien financiada y profesionalizada, pero tiene límites físicos cuando el incendio alcanza una intensidad extrema. La inversión decisiva es la que actúa antes sobre todo el sistema territorial para evitar que una ignición se transforme en un incendio territorial fuera de capacidad de extinción.

-Tras los incendios de Ávila y Madrid se ha hablado de medios nacionales e internacionales. Cuando ardieron Llamas de Cabrera, Las Médulas o pueblos de León, la atención pareció menor. ¿El fuego tiene código postal?

-El fuego no, pero la visibilidad política y mediática sí. La proximidad a Madrid, la afección a grandes poblaciones y la declaración de una emergencia nacional multiplican la atención. También conviene recordar que los medios se asignan según el peligro para las personas, el comportamiento del fuego, la simultaneidad y las posibilidades de intervención. Contar aviones sin conocer la estrategia puede inducir a error. Dicho esto, existe una desigualdad territorial. Los incendios recurrentes en comarcas rurales terminan normalizándose, como si perder monte, explotaciones, patrimonio cultural y futuro económico fuera menos grave porque afecta a menos habitantes. León conoce bien esa sensación. Necesitamos justicia territorial también en relación con los incendios.

-Si pudiera definir un pacto de Estado frente al cambio climático y los incendios, ¿qué debería contener sí o sí?

-Primero, hace falta estabilidad: financiación plurianual, objetivos a diez o quince años y una planificación capaz de sobrevivir a los cambios de gobierno. Segundo, necesitamos una arquitectura institucional común que podría articularse como un Sistema Nacional de Cartografía de Exposición a Incendios Forestales. Este sistema debería integrar la localización de la población, las viviendas, las infraestructuras críticas, las vías de evacuación y la vulnerabilidad social. No basta con conocer dónde es más probable que arda hoy; debemos identificar dónde un incendio puede convertirse mañana en una catástrofe territorial, para priorizar inversiones, ordenar los usos del suelo, proteger las zonas de interfaz urbano-forestal y planificar la autoprotección y la respuesta de emergencia. También debe incluir planes comarcales de paisaje; apoyo a agricultura y ganadería extensivas; gestión forestal y biomasa; operativos profesionales durante todo el año; quemas prescritas; protección obligatoria de interfaces; planes municipales de autoprotección; restauración posincendio; investigación, educación y evaluación pública. Y una gobernanza clara: quién decide, quién ejecuta, quién mantiene y quién responde si no se actúa. El Gobierno ha planteado un pacto frente a la emergencia climática con vocación de permanencia. En materia de incendios solo será útil si se traduce en territorio, presupuesto, calendario e indicadores. Sin esos elementos, será una declaración correcta pero insuficiente.

-Desde posiciones negacionistas se atribuye la oleada a terroristas o pirómanos y se niega el cambio climático. ¿Nos condena eso a repetir la pesadilla?

-El riesgo aparece cuando se sustituye el análisis por la identidad política. El cambio climático no prende una cerilla, pero eleva las temperaturas, seca antes la vegetación, prolonga las ventanas de peligro y favorece comportamientos extremos. La causa de ignición y las condiciones de propagación son preguntas distintas; enfrentar una con la otra es un error. Investigar y sancionar a quien provoca un fuego es imprescindible. Pero afirmar sin pruebas que una oleada es terrorismo ofrece una explicación emocionalmente satisfactoria y políticamente inútil. Si todo se reduce a detener culpables, no gestionaremos el paisaje ni adaptaremos los pueblos. Podemos encarcelar a un incendiario; no podemos encarcelar una ola de calor ni extinguir con un atestado treinta años de abandono. Cuando el negacionismo ocupa responsabilidades públicas puede retrasar presupuestos, normativa urbanística, políticas agrarias y adaptación. Pero tampoco basta con aceptar el cambio climático en el discurso. Reconocer el clima sin gestionar el territorio es tan incompleto como hablar del territorio ignorando el clima. Necesitamos evidencia, continuidad y evaluación, no una competición de relatos.

"Podemos encarcelar a un incendiario; no podemos encarcelar una ola de calor ni extinguir con un atestado treinta años de abandono"

-Usted habla de “incendios territoriales”. ¿Qué significa y qué escenario dibuja para los próximos años?

-Un incendio territorial es aquel que desborda el ámbito estrictamente forestal y altera el funcionamiento completo de una comarca. No quema solo bosques, afecta también a viviendas, cultivos, explotaciones ganaderas, polígonos, carreteras, tendidos eléctricos, captaciones de agua y patrimonio cultural y natural. Obliga a evacuar poblaciones, interrumpe actividades económicas, deteriora la calidad del aire y puede comprometer durante años los suelos, los recursos hídricos y la viabilidad de muchas comunidades rurales. Por eso, la solución también tiene que ser territorial, es decir, transversal. El problema afecta simultáneamente a la política forestal, la agricultura, la ganadería, la ordenación del territorio, la despoblación, la gestión ambiental, la protección civil y la adaptación al cambio climático. No basta con una política forestal hacen falta medidas inmediatas para proteger las zonas de interfaz urbano-forestal, garantizar evacuaciones, accesos y puntos de agua, y actuar sobre el combustible en lugares estratégicos; medidas a medio plazo para recuperar actividad agraria, ganadería extensiva, gestión forestal y paisajes en mosaico; y medidas de largo plazo para adaptar los usos del suelo, las viviendas y las infraestructuras a unas condiciones climáticas cada vez más extremas. Podemos frenar esta deriva, aunque no eliminar por completo el riesgo. No estamos condenados, pero llegamos tarde, y cada año de retraso acumula combustible, vulnerabilidad y costes futuros.

"El monte arde de forma catastrófica porque hemos construido y mantenido un territorio preparado para propagar el fuego"

-¿Existe en El Bierzo una mayor conciencia por la experiencia acumulada?

-Existe memoria del fuego y conocimiento territorial. La población sabe lo que significa perder un soto de castaños, un viñedo, un colmenar o un paisaje con valor cultural y turístico. Pero conciencia no equivale automáticamente a capacidad de actuación. El Bierzo dispone de activos valiosos como el viñedo, la castañicultura, ganadería, aprovechamientos forestales, tejido vecinal y un fuerte vínculo con el paisaje. Pueden formar parte de una estrategia preventiva si existe coordinación comarcal y apoyo económico. No se trata de “limpiar” indiscriminadamente, sino de decidir qué paisaje se quiere mantener, qué actividades pueden sostenerlo y qué zonas son prioritarias para proteger pueblos, economía y patrimonio. El conocimiento local debe entrar antes del incendio, no consultarse únicamente durante la emergencia.

-¿Qué debemos hacer en casa para protegernos?

-La autoprotección no sustituye a la responsabilidad pública, pero reduce la vulnerabilidad. En viviendas próximas al monte conviene retirar vegetación seca y combustibles junto a la fachada, limpiar tejados y canalones, podar ramas que toquen la casa, alejar leña y bombonas y evitar la entrada de pavesas por huecos vulnerables. Las urbanizaciones deben contar con planes de autoprotección, calles y viviendas señalizadas, accesos practicables, rutas conocidas e hidrantes operativos. Pero la mejor autoprotección es colectiva. Una casa cuidada dentro de una urbanización desordenada continúa expuesta. El salto necesario es pasar de ciudadanos que esperan ser rescatados a comunidades preparadas y corresponsables, sin descargar sobre ellas lo que corresponde a las administraciones. El fuego se combate con medios de extinción; la seguridad se construye mucho antes de la primera llama.