Además del actual regidor y su predecesor en el cargo, la causa incluía a un tercer alcalde anterior, Orlando López, que falleció en septiembre del año pasado, días antes de que también lo hiciera otro de los acusados, el exconcejal de Obras Raúl Fernández. En el juicio también resultó absuelto otro edil, Alipio González.
Pese a su carácter público, estas cabañas individuales eran usadas de generación en generación mientras los usos ganaderos se conservasen dentro de una familia o estirpe. Con el paso del tiempo, estas brañas empezaron a usarse como lugares de recreo, casas de montaña o segundas residencias, aunque la legislación prohíbe radicalmente su uso exclusivamente residencial.
La sentencia declara probado que las obras acometidas por algunos propietarios para adecuar esas cabañas contaron con una licencia de obra menor del Ayuntamiento, concedida en 2009 durante la etapa del malogrado López como alcalde, ya que se hicieron pasar por reparaciones. De esta manera, los promotores evitaban tener que obtener la autorización previa de la Comisión Provincial de Urbanismo de León.
A requerimiento de instituciones como el Procurador del Común o la Junta, se iniciaron expedientes de reposición de la legalidad urbanística, cuya tramitación heredó la siguiente Corporación, presidida por Fernando Fernández como alcalde del municipio. Tras siete años de ‘inpass’, los expedientes de restauración se retomaron en el año 2020, ya con Roberto Fernández como regidor.
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