Disputa monumental

Se concibió, casi mediado el siglo XIX, la categoría de monumento histórico-artístico para señalar aquellos que, según la terminología de entonces, caracterizaban la nación y sus logros en la materia. También, lógicamente, para ampararlos, en unos momentos de especial abandono debido a la desamortización o en apuros propiciados por siglos de actuaciones discutibles o mero desdén. Por ese motivo, que la Catedral de León sea el primero de ellos, el número uno de los declarados entonces, no debe tanto llamar a orgullo como a lo contrario, pues evidencia el estado de ruina inminente y el crítico trance del principal monumento leonés, cuyas tareas de reparación continúan. Desde aquella, sucesivas oleadas proteccionistas, en especial la de 1931, se detuvieron en proteger edificios (se trataba entonces, sobre todo, de arquitectura) cuya situación lo requería y, al tiempo, personificaban la imagen de un país, según opinión unánime en la práctica.

Más adelante, la ley de 1985 prescindió de la denominación ‘monumento’, tan teorizada por filósofos del arte, para acuñar la de Bien de Interés Cultural, categoría propia de una legislación más precisa y ambiciosa. Más allá han ido normas autonómicas y supuestos prácticos, hasta alcanzar el llamado ‘patrimonio inmaterial’ o intangible, a veces cayendo en los dominios de lo paradójico. Sin embargo, en nuestros días muchas de esas etiquetas legales se han convertido o están a punto de hacerlo en una mera vitola turística, deriva última de la riqueza monumental. De hecho, el máximo amparo posible, el del Patrimonio Mundial (o ‘de la Humanidad’) ha pasado a ser un ansiado trofeo de caza, como tantas otras distinciones (museo del año, etc.) que únicamente otorgan líneas de tinta más negra en las guías turísticas virtuales y ‘tripavisadas’.

Y hemos llegado al final. La estación término (de momento) es la estación de esquí de Navacerrada. Una nueva trinchera del enfrentamiento partidista defendida con una nueva arma: la declaración monumental. Resumo: ha caducado la concesión por 25 años de la instalación deportiva y el Gobierno central, por razones medioambientales (recordemos, está junto al Parque Natural de Guadarrama), quiere desmantelarla ejerciendo su derecho. Pero los gobiernos autonómicos de Madrid (cómo no) y de esta región, siempre a rebufo, pretenden evitarlo promoviendo su protección con esa, la máxima figura legal del Patrimonio cultural.

Desde siempre, la cultura y sus intérpretes han sido arrojadizos para las tendencias políticas, aunque estén alcanzando dimensiones piramidales y aztecas. Pero, hasta ahora, las herramientas de protección del patrimonio común se solían librar de estas peleas y eran consensuadas en órganos técnicos o propuestas por la ciudadanía, no empuñadas por un partido político. Ya solo falta que se declare Bien de Interés Cultural, con categoría de tradición inmaterial, que la Liga de Campeones la gane siempre el Madrid.

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