Diputación pide un año de moratoria para los vecinos-secretarios

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, en cumplimiento del acuerdo alcanzado con los grupos políticos, el Colegios de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cositleón) y los técnicos del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), ha  una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que solicita una moratoria para la entrada en vigor del Real Decreto 128/2018, que, en la práctica, supone la eliminación de la figura del vecino-secretario y atribuye a un funcionario con habilitación nacional las funciones que hasta ahora venía realizando. Desde la Diputación de León se solicita al ministerio que dirige Cristóbal Montoro que deje sin efecto la norma hasta las elecciones locales y autonómicas del próximo año. La institución provincial solicita una interpretación del decreto "en el sentido de si cabe entender que, hasta tanto no se implementen todas las actuaciones administrativas que en su caso fueran precisas para que funciones de secretaría, intervención y tesorería de las EATIM [Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio] se realicen por un funcionario de habilitación carácter nacional, pueda proseguir transitoriamente ejerciendo las funciones de Secretaría por las EATIM la ‘persona con capacidad suficiente’ nombrada Secretario por la generalidad de las EATIM". Entre los argumentos exhibidos por la Diputación, según el acuerdo con las partes implicadas, se alude la ausencia de ceses formales de los vecinos-secretarios y de nombramientos de los funcionarios. En este sentido, desde Cositleón aseguran que no de la redacción del decreto no se puede deducir necesariamente que sean los secretarios de los ayuntamientos los que tengan que asumir las funciones de las juntas vecinales del municipio, ya que nadie les ha nombrado, ni forma del destino que se les asignó en su día.

En la carta se alude a la ausencia de ceses formales de los vecinos-secretarios y de nombramientos de los funcionarios Pese a ello, en el texto, Majo recalca que la Diputación "ya está trabajando en busca de una solución" a lo que prevé la nueva norma, aunque subraya que "no resultará de fácil aplicación en la provincia de León".

Además, el próximo miércoles, el presidente de la Diputación mantendrá un encuentro con la Federación de Juntas Vecinales de la provincia, con el fin de recabar más opiniones que contribuyan a dar una salida a la aplicación del real decreto que afecta al funcionamiento administrativo de las 1.236 entidades locales de la provincia.