Así lo aseguró Clemente durante la apertura de una jornada celebrada en el Parlamento regional, a la que acudieron 200 profesionales, para analizar las herramientas que la nueva ley nacional pone a disposición de las administraciones públicas para “luchar contra el desempleo y mejorar la calidad del mismo, la perspectiva de género, la contratación de personas con discapacidad”, así como la inserción laboral a través de la reserva de contratos a empresas de inserción y Centros Especiales de Empleo. Una herramienta que confió en que “sea usada por las administraciones en beneficio de los ciudadanos”, y de la que, dijo, tiene mucho peso el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL).
Clemente, que estuvo acompañada del presidente del Consejo Consultivo, Mario Amilivia, entidad que organizó el foro, consideró que la jornada es “muy oportuna” porque contribuye a la recomendación de la Unión Europea sobre la “profesionalización” de la contratación y dotar de los medios necesarios. “Es una materia muy compleja que cambia permanentemente. Por ello es más necesario mantener una formación de los intervinientes”, deslizó la presidenta de las Cortes, quien matizó que “responde a un tiempo nuevo”, frente a las leyes de contratos anteriores, de 2007 y 2011. Ahora, se establecen condiciones “muy claras” para la calidad-precio y materializa obligaciones legales sobre discapacidad, ya que se prohíbe cerrar acuerdos empresa que no cumplen con el dos por ciento de empleo con discapacidad para las mayores de 50 trabajadores.
En conclusión, se trata de “optimizar y buscar máxima eficiencia” en contratación pública, que absorbe el 20 por ciento del PIB nacional. “Permite crear riqueza social y es fundamental en el Estado de Bienestar”, espetó.
Por su parte, Amilivia, también presidente del TARCCyL, abogó por hacer “una reflexión” con todos los operadores jurídicos de la contratación en Castilla y León y con las empresas del Tercer Sector sin ánimo de lucro sobre la “contratación estratégica”, ya que la nueva norma “ha evolucionado, con una contratación con derechos frente a la anterior, que primaba la oferta más económica”.
En este sentido, sostuvo que se trata de un instrumento para “generar políticas de carácter social, medioambiental y desarrollo y de creación adecuada como método para salir de la crisis”. Para ello, destacó que la jornada cuenta con un conjunto de profesores especializados en la materia que pretenden trasladar el “cambio de cultura” en la contratación pública”.
Jornada con ponentes de prestigio
Entre los ponentes figura el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno Feliú, considerado el “líder intelectual” de la ley, según Amilivia. Durante su ponencia sobre la contratación pública para sanidad y servicios sociales, asumió que la entrada en vigor se ha desarrollado con cierta ralentización, un aspecto que achacó a la desaparición del sistema de contratación directa por el actual, “más transparente y eficaz”, y que sirve para “implementar políticas sociales, sostenibilidad ambiental y una oportunidad de mejorar la gestión de los público”. “La nueva ley tiene la sensibilidad social que no existía. Durante la crisis se primaba el precio, pero los criterios deben ir más allá. El contrato debe ser parte de las políticas públicas sociales”, abogó.
Gimeno es, además, desde julio de 2015, miembro del Consejo Asesor del Ministerio de Fomento y autor de 20 monografías y más de 140 publicaciones en libros colectivos y en revistas especializadas relacionados todos ellos con la contratación.
La nueva ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado 9 de marzo, tiene como objetivo lograr mayor transparencia en la contratación pública; conseguir una mejor relación calidad-precio. Para ello, por primera vez, se establece la obligación de los órganos de contratación “de velar por establecer unos criterios de adjudicación que incluyan aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al contrato; y simplificar los trámites y mejor acceso para las pymes”. También posibilita a los órganos de contratación el rechazo de las ofertas “anormalmente bajas si se comprueba que no cumplen las obligaciones en materia medioambiental, social o laboral”.
Dentro de la formación permanente necesaria en este sentido, la sede de las Cortes acogió en noviembre del pasado año una jornada técnica sobre Contratación del Sector Público coorganizada por el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, que trasladó a los más de 400 asistentes las novedades que el texto legislativo de la nueva Ley de Contratos establecía, formando a los asistentes en la aplicación de la norma.
Novedades sociales en la Ley
La propia Silvia Clemente abordó algunas de las novedades de la nueva Ley de Contratos, que permite que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes. Por primera vez, explicó, se obliga a los órganos de contratación a velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Durante su alocución en el foro, la presidenta del Parlamento sostuvo que los poderes públicos, como establece la nueva norma, “siguen teniendo libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en concreto los servicios a las personas: sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de licencias o autorizaciones”.
Además, con el ánimo de favorecer el respeto hacia los derechos humanos, y en especial hacia el de los laborales básicos de las personas trabajadoras y de los pequeños productores de países en vías de desarrollo, se introduce la posibilidad de que tanto los criterios de adjudicación como las condiciones especiales de ejecución incorporen “aspectos sociales del proceso de producción y comercialización referidos a las obras, suministros o servicios que hayan de facilitarse con arreglo al contrato de que se trate”.
Además de la presencia de Gimeno Feliú, las ponencias estuvieron protagonizadas por la profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha Isabel Gallego y la docente de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá Ximena Lazo, que hablaron de la figura del “concierto social” en la nueva Ley.
También se celebró una mesa redonda sobre la reserva de contratos a Centros Especiales de Empleo, empresas de inserción y otras entidades de economía social, con la directora general de Servicios Jurídicos y Coordinación Territorial de la FEMP, Judith Flores, el secretario general de la Consejería de Familia e Igualdad de la Junta, Jesús Fuertes; y el coordinador del área de Formación y Empleo de la CEPES, José Luis Henarejos.
Más de 500 recursos
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León, adscrito al Consejo Consultivo, ha resuelto a fecha de hoy y desde marzo de 2012 que se creó, 556 recursos por un importe global de 4.137 millones de euros. En lo que va de año la cifra asciende a 37 recursos (31 por resolución y seis por acuerdo) por una suma total de 387,6 millones. El 22 por ciento de los mismos se ha estimado total o parcialmente, mientras que el 46 fue desestimado y el resto, inadmitido y archivado.
El principal acto impugnado es la adjudicación, seguido de los pliegos y la exclusión. La mayoría de los recursos procede de las consejerías de la Junta, especialmente de Sanidad, y fundamentalmente por contratos de servicios y suministros. Aunque también se observan procedentes del ámbito de los municipios y diputaciones.
Salamanca es la provincia de la que llega la mayor parte de los recursos resueltos en 2018, un total de nueve, seguida de Burgos con seis, Valladolid, cuatro, Ávila y Palencia, tres cada una, Segovia con dos, y León y Soria, una. Los contratos que tenían como ámbito el conjunto de la Comunidad han sido ocho hasta la fecha.
Según la última memoria del Tribunal, la duración media del procedimiento fue de 23,6 días hábiles desde su admisión a trámite. En el anterior ejercicio, nueve recurrentes acudieron posteriormente a la vía contenciosa (ocho resoluciones y un acuerdo referido a una de ellas).