En todos los casos señala, no obstante, que la reclamación llegó al órgano fuera del plazo de cinco días estipulados. Además, la comisión de garantías informa a los afiliados que reclamaron que podrían haber incurrido en una falta por crear "una situación anómala y perjudicial para el partido" por sus manifestaciones públicas sobre el proceso y se exponen a sanciones o incluso a la expulsión.
La resolución también se refiere al caso de Castilla y León y da por anulados los 82 votos que se registraron en favor de Silvia Clemente y le dieron inicialmente la victoria.
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