Con la lengua en el enchufe

Quien no recuerda esa infancia en la que nos decían: «no metas los dedos en el enchufe; es peligroso». Y es que la corriente eléctrica siempre ha sido un problema en nuestras vidas; y lo que en la infancia era un miedo precavido, hoy es un tiro en nuestra cartera y en el ahorro, un auténtico desfalco en toda regla.

Vemos las redes sociales señalando a posibles culpables respecto a la desorbitada factura de la luz, y es que, cualquier opinión contra el enemigo político es aplaudida por el bando de turno: La culpa es de PP; ¡No! la culpa es del PSOE, y donde lo importante es tener entretenido a un público cargado de mucha y variada información, pero poco dado al razonamiento.

El problema no está en quién privatizó las empresas públicas, el problema estriba en como nuestros representantes políticos -ya sean de uno u otro bando- utilizan sus puestos para legislar y buscar su futuro sillón en los Consejos de Administración de las respectivas empresas privadas. Lejos quedan pensamientos ilustrados como el de Jovellanos, que allá por 1789 decía: «Yo no sigo un partido, si no la santa y justa causa que sostiene mi patria». No hace falta decir que actualmente, el interés particular prima por encima del interés general, y que nuestros políticos hacen causa propia de sus carteras.

Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Metamos la lengua en el enchufe, y hablemos esperando no recibir un calambrazo de realidad. Las privatizaciones de empresas públicas, nacen de la famosa alianza entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan durante los años 80. Formaron una alianza personal y política que relanzó el movimiento conservador en el mundo entero y, contribuyó de forma determinante a poner fin al comunismo y ratificar el predominio universal del capitalismo.

Coincidieron en un periodo histórico en el que la izquierda languidecía después de varias décadas de disputas internas. Mientras en el Reino Unido Thatcher resucitaba los valores conservadores frente a un laborismo sindicalizado y burocratizado, en EE UU Reagan devolvía la dignidad a la derecha tras el escándalo del Watergate y contra un Partido Demócrata aún anclado en la ideología de los años cincuenta y sesenta.

Thatcher y Reagan promovieron las mismas series de reformas: bajos impuestos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado, máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector público. El estado era, para ambos, el problema, no la solución.

El plan de privatizaciones, deshizo el proceso que tras la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de varios monopolios públicos a nivel mundial. Se privatizó y abrió la puerta a la competencia de sectores como la energía, el agua y las telecomunicaciones.

Este modelo de privatizaciones fue seguido años después en países como España, y es culpable de la actual situación. El inicio de esta serie de privatizaciones se produjo bajo el mando del Partido Socialista; concretamente Felipe González llevó a cabo 80 operaciones de privatizaciones por un valor de 13.200 millones de euros, que pasaron a engrosar capital a las arcas públicas.

Parte de empresas como Endesa, Repsol o Telefónica pasaron a capital privado en operaciones de bolsa, que produjeron ingresos de casi otros 10.200 millones de euros. Fue durante la etapa de Gobierno del Partido Popular con José María Aznar (1997-2004) cuando se privatizó masivamente la mayoría del legado de empresas públicas de electricidad, gas, petróleo, transporte y telecomunicaciones; por un valor de 30.000 millones de euros para las arcas públicas.

En el caso contrario, durante el mandato del Gobierno del Partido Socialista de Rodríguez Zapatero fue la etapa con menos privatizaciones de empresas públicas, entre ellas anunció a bombo y platillo la privatización de parte de Loterías del Estado, una maniobra aprovechada por su sucesor, Mariano Rajoy (PP); a este respecto, suplió la pérdida del 30% de cartera pública, por un nuevo impuesto sobre los premios del 20%; vamos, que la privatización nos la comimos nuevamente los ciudadanos. Mariano Rajoy, impulsó una nueva ola de privatizaciones del ya escaso sector público, entre ellas Aena, Paradores, Navantia…

Como pueden ver, aquí todos son culpables, y teniendo en común todos ellos (debe tratarse de una enfermedad profesional), que pasaron a ocupar, al dejar sus honorables cargos, puestos en los codiciados Consejos de Administración de las grandes empresas: Aena, REE, Renfe, Adif, Correos, Paradores (sangrante el sueldo que se lleva el actual Oscar López del PSOE; 183.562 euros, incluida la retribución variable) RTVE, Navantia, Tragsa o la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entre otras.

¿Y qué hacemos para solventar esto? Entre otras cosas: definir una Ley digna y real de incompatibilidades para el desempeño de cargos de los ex cargos públicos; legislar cuotas de participación del Estado en las empresas de interés nacional como en el modelo alemán o francés (en este sentido, España es el país de Europa con menos empresas públicas); repercutir los impuestos reflejados en la factura eléctrica de reconversión y sostenibilidad a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y no en la factura de los consumidores, especialmente de las empresas (actualmente con la soga al cuello con el aumento del importe de la factura de la luz: más gastos, igual a menor contratación o cierre por quiebra).

Los resultados de esta nefasta política energética, está empezando a verse: aumento del gasto por familia en la factura de la luz y carburantes hasta final de año de unos 500 euros de media, subida en el precio de los alimentos (como ejemplo, aceite 20% hasta julio) tensiones de precios en otros bienes y servicios, alzas en el valor de origen de algunos productos, etcétera; y donde los más vulnerables serán los más afectados.

Toda esta situación se traduce en que la electricidad se convierta en la bala que dispara la inflación al 3,3% en agosto -es el nivel más alto que ha tenido desde el año 2012-.