Cacabelos resuelve el contrato de alumbrado que suponía 200.000 euros anuales

Había sido rubricado por el PP, pero se intentó revocar lo que acabó en los tribunales y obligó al Consistorio a abonar 600.000 euros

M.I.
04/08/2021
 Actualizado a 04/08/2021
El pleno se celebró en la tarde del pasado martes en el Ayuntamiento de Cacabelos.
El pleno se celebró en la tarde del pasado martes en el Ayuntamiento de Cacabelos.
El pleno del Ayuntamiento de Cacabelos aprobó , con los votos a favor del bipartito formado por IU y PSOE la propuesta de mutuo acuerdo entre el Consistorio y la suministradora de la luz, para resolver el contrato administrativo del alumbrado público, formalizado en 2015 con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cúa, integrada por FCC y Ecolux Servicios Energéticos.
En base a ese acuerdo, el Ayuntamiento tendrá que desembolsar771.507 euros, aunque el equipo de Gobierno prevé abonar 200.000 euros de ellos este año. El resto se abonaría en 30 cuotas mensuales de 19.000 euros cada una de ellas. De ese modo se sufragan las facturas pendientes, la inversión realizada por la empresa y los intereses de demora.

El contrato fue suscrito por el gobierno popular de Adolfo Canedo, en la actualidad portavoz de la oposición, que votó en contra del punto, por una vigencia de 12 años y unos costes de 210.000 euros al año para el Ayuntamiento.

El portavoz de IU, Gonzalo García, asegura que el acuerdo “supone el ahorro de 1,8 millones de euros para el Ayuntamiento”. Pero además, supone eliminar“un contrato que ha supuesto muchos problemas económicos, judiciales y extrajudiciales desde su firma en 2014”.

La falta de un edil del PP y la abstención del grupo de escindidos del PSOE propició que el punto saliera adelante y que se pueda proceder a sacar una plaza de electricista municipal que llevaba a la espera más de un año.

Un contrato polémico

Precisamente este contrato obligó a abonar una cuantía de 600.000 euros después de que una sentencia del Juzgado Contencioso administrativo número 3 de León obligara al anterior equipo de Gobierno a dar marcha atrás en el proceso de anulación del contrato del alumbrado público, a restituir el servicio a la concesionaria y a abonar las facturas pendientes desde marzo de 2016, más los intereses. La sentencia recogía que había un incumplimiento del contrato administrativo, después de que los responsables municipales intentasen anularlo. Tras recurrir el dictamen, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmó la sentencia y condenó al Consistorio a pagar 600.000 euros por el incumplimiento de contrato.

La ausencia del edil del PP allanó el terreno en el pleno que también pudo sacar adelante dos modificaciones presupuestarias para la realización de obras en el colegio público de la localidad de Quilós y la acometida de climatización en la biblioteca municipal.
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