La denuncia considera que la contratación se produjo «a dedo» para ejercer el servicio de asistencia técnica urbanística, pese a que ese puesto ya estaba cubierto. Para proceder a esa contratación se tuvo que proceder al despido de la anterior técnico, también llamada a declarar como testigo. Ese despido fue declarado improcedente con posterioridad y el Ayuntamiento decidió no proceder a la readmisión y mantener la nueva contratación. Aunque el Ayuntamiento sostenía que el nuevo servicio era más barato, los informes del denunciante demuestran que no solo no es así, sino que con la indemnización con la que se liquidó a la antecesora en el servicio se podría haber costeado el mismo durante año y medio.
Las cuentas invalidan los argumentos para proceder a la contratación de un nuevo arquitecto que, según declara Álvarez, a su entrada al Ayuntamiento en 2015, era quien se encargaba del servicio, aunque hoy lo desarrolla otro profesional. Pero además, se suma a estas irregularidades que los abonos al servicio de Sepia Técnicos S.L. se hicieran por decreto de Alcaldía. En 2012 se cursó un pago, según Intervención, a Folgueral, de 12.599,38 euros –abonado dentro del pago especial a proveedores de ese año-. La factura, según Intervención, no lleva concepto alguno y se contabiliza desde una aplicación presupuestaria específica. Pero Sepia Técnicos S.L. emitió factura, ese mismo año, por unvalor de 18.662.02 euros, aunque al parecer, la primera de ellas tendría que ver con atrasos en los pagos del anterior equipo de gobierno socialista.
La acusación mantiene que la contratación pudo tener fines políticos, no económicos ni técnicos, como mantuvo ensu momento el regidor.De hecho, el actual alcalde tardó tan solo una semana en expulsar de su puesto al despacho Folgueral por considerar «que se estaban cometiendo irregularidades y que no se respondía al servicio de los ciudadanos». Reconoce Álvarez que Folgueral solo trabajaba una hora a la semana para la atención ciudadana y que no se sacaban a concurso ciertos contratos de cuantías importantes, entre otras cosas.
Tras tres años de trabajo en Cacabelos, el despacho Sepia S.L. fue relevado por otro profesional contratado en la actualidad que trabaja 16 horas semanales. Pero esas diferencias que desembocaron en el despido llevaron a la denuncia de Folgueral a Álvarez «nos pedía una indemnización de unos 10.000 euros» recuerda el regidor, pero la anulación del contrato asegura que fue legal «porque la contratación había sido irregular. No es personal de confianza y se debía haber hecho de otra manera, pero se hizo a dedo»,defiende Álvarez.
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