El empresario fue juzgado en noviembre de 2016 por dar la orden de entrar con una excavadora en el yacimiento, situado en su finca, para nivelar el suelo y colocar comederos y abrevaderos para la cría de cabras. También fue condenado a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros al Gobierno de Aragón. No era la primera vez que Alonso tenía problemas con la justicia. Siempre había conseguido eludir la prisión y parecía que podría acabar entre rejas por algo relacionado con el patrimonio histórico y ajeno a su actividad como empresario del carbón. Pero ha vuelto a esquivar la cárcel.
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