Alonso pone sobre la mesa medidas que podrían no sentenciar al sector como compensar a las eléctricas en la compra de carbón nacional o el céntimo verde, pero asegura que «no le importa a nadie lo que pase si se cierran las minas, es más, como saben lo que va a suponer, lo hacen», se queja.
«La minería está cerrada hoy», aclara rotundo Alonso, que no ve una salida de mantenimiento del carbón como una fuente de energía estratégica «no queda nadie, tal vez Teruel pueda quedar, pero aquí no».
Por eso considera que el futuro para la comarca pasa por luchar por el turismo en los espacios rurales «Ponferrada se va a defender siempre por su situación, no va a tener problema, pero los pueblos no». Alonso asegura que Endesa no va a comprar carbón durante todo lo que resta de año, como viene haciendo los últimos meses argumentando que su parque de carbones está sobredimensionado.
«Vamos a reunirnos con ellos a ver qué previsiones tienen», dice. En esa situación prevista, el empresario tiene la esperanza de acabar el año «sin tener que meter un ERE», pero incide en que la muerte de la minería es un hecho de facto «está cerrada ya y no volverá nunca. No hay ninguna empresa que pueda sacar nada de carbón», dice.
Alonso reprocha a los votantes del PP su postura, incluso, por la postura de ese partido con el sector minero «si no quieren que se acabe la minería, que no les voten», pide.
El empresario minero declara por presunta «prevaricación administrativa»
El empresario minero ha declarado ante el Juzgado de Instrucción Número 5 de Ponferrada dentro de las diligencias previas del caso penal abierto por presunta prevaricación administrativa, tras la denuncia de IU por la construcción de una fábrica de neumáticos en el polígono industrial de Fabero. La empresa Cienfuegos S.A., hoy extinguida, quería abrir sus puertas en esa localidad, en la que hizo una inversión de 40 millones para crear allí cien empleos y, tras «tener toda la maquinaria comprada», según el letrado de Alonso, César Garnelo, la denuncia hizo que el empresario desistiera del proyecto.
Alonso lamenta que fuera «un tema de política local, una guerra entre el PSOE e IU» la que desencajara un proyecto que, de principio, había pensado para Ponferrada, «pero el alcalde hizo presión y me convenció para que fuera a Fabero», recordaba Alonso a las puertas de los juzgados. En aquel momento era el socialista, Demetrio Alfonso Canedo quien llevaba los mandos del Ayuntamiento, quien también está investigado por el mismo caso.
La acusación particular, representada por la letrada, Letizia López, considera que «presuntamente» pudo haber «dádivas» entre el regidor y el empresario. Desconoce la letrada si hubo conversaciones entre ambos, algo que también se investiga.
Garnelo, sin embargo, asegura no entender cómo se puede acusar de prevaricar «a un civil que no es político» y pone sobre la mesa que, ese tipo de delitos prescriben a los tres años, y la empresa dejó de existir en 2009, con lo cual, el caso no se mantendría en pie.