El Ayuntamiento de León aprobó este miércoles en sesión plenaria una modificación de créditos por importe de 1.454.187,67 euros. Al margen de una partida de 150.000 euros que se destinan a financiar un convenio con la Cámara de Comercio para impulsar una nueva campaña de bonos al consumo, el grueso de esta modificación corresponde al pago que se deriva de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la deuda por las cuotas de urbanización de La Lastra entre los años 2004 y 2007, ya que el 40% del terreno era de propiedad municipal.
Se trata de un pago que ascenderá finalmente a 1.304.187,67 euros, de los que 554.622,59 euros corresponden a la deuda propiamente dicha y 749.565,08 euros a los intereses de demora a la hora de hacer frente a la misma. Cabe destacar que la Junta de Compensación de La Lastra venía reclamando el pago de la deuda desde que se llevó a cabo la urbanización y que el asunto se judicializó finalmente en 2019 y ha acabado en esta sentencia condenatoria que no fue recorrida.
Y en este punto centró sus críticas el portavoz municipal del PP, David Fernández, que preguntó al alcalde de León, José Antonio Diez, si tuvo conocimiento del fallo antes de que venciera el plazo para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en un pleito que el Ayuntamiento ganó en primera instancia.
Fernández quería saber por qué no se dio cuenta de la sentencia en ningún órgano municipal hasta ocho meses después de que se notificase la sentencia y el alcalde aseguró únicamente que «hay unas diligencias informativas que hemos abierto en Secretaría y en otros servicios municipales cuando hemos tenido conocimiento de la sentencia. Cuando las tengamos, se las trasladaremos», aseveró.
Mientras, la portavoz de Vox, Blanca Herreros, consideró un «disparate» que se pague más de intereses que de deuda principal y culpó de ello a todos los partidos que han pasado por el equipo de gobierno municipal desde el año 2004.
También en materia de Hacienda, se aprobó un Reconocimiento Extrajudicial de Créditos por importe de 891.337,91 euros para facturas del año pasado. Una parte de las mismas tenía reparo del interventor, ya que su cuantía requería un proceso de contratación. Esto derivó en un tenso debate entre el concejal de Hacienda, Carmelo Alonso, y el portavoz de UPL, Eduardo López Sendino, quien le recordó las críticas que realizaba a este tipo de operaciones cuando gobernaba el PP.