El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para dotar con 500 millones de euros la Ley ELA y reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un texto que contempla una prestación de hasta 10.000 euros mensuales por paciente con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada, que financiará a partes iguales Gobierno y comunidades autónomas, para garantizar una atención especializada 24 horas al día a estas personas. “Aquí se plasma un año de intenso trabajo, no solo por parte de este ministerio, sino de distintos ministerios dentro del Gobierno, también de las comunidades autónomas y de la sociedad civil, para cumplir con el plan de despliegue de la Ley ELA, que hicimos hace casi un año, agilizar el acceso y mejorar el diseño de las prestaciones para atender estos casos especialmente complejos”, ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.
Actualmente, en la provincia de León hay 37 pacientes de ELA y cada año se diagnostican de media entre cinco y diez casos. Todos ellos se beneficiarán de un real decreto ley que dota con una inyección extraordinaria de 500 millones de euros adicionales al SAAD para cumplir con la Ley ELA, aprobada hace un año, y atender las demandas de los pacientes. Para Bustinduy, esta financiación es “particularmente importante” en un contexto de “necesidades y tensiones crecientes del sistema”, que “solo van a ir a más” como consecuencia de la evolución demográfica y los cambios en las estructuras familiares.
Con el mismo objetivo, la normativa propone a su vez la creación del Grado III+ de dependencia extrema para el acceso a servicios especializados, que es “la novedad que mayor impacto tendrá a largo plazo”, según ha destacado Bustinduy tras el Consejo de Ministros.
El Grado III+ reconoce un derecho subjetivo a cuidados intensivos para personas que padecen procesos caracterizados por la ausencia de un tratamiento curativo específico, el poco tiempo de supervivencia desde el momento del diagnóstico, la rápida evolución hacia un alto nivel de discapacidad y la necesidad de integrar cuidados complejos sanitarios y sociales.
En este marco, el Gobierno establece una prestación de hasta 9.868,60 euros al mes por paciente, con el fin de garantizar una asistencia continuada a sus necesidades, la “demanda histórica principal” de los colectivos de pacientes, según ha dicho el ministro. Esta atención incluirá cuestiones como apoyo respiratorio y para la deglución, que son apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte. La cuantía se ha calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren una ratio estimada de cinco profesionales por persona beneficiaria.
La prestación mensual estará financiada en un 50 por ciento por el Gobierno central (4.930 euros), mientras que el 50 por ciento restante tendrá que complementarlo el gobierno de la comunidad autónoma en la que resida el paciente. De forma anual, para cada paciente se garantiza una inversión salarial de 118.423 euros en 14 pagas.
El decreto se publicará este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y deberá ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días, según fuentes consultadas del Ministerio de Derechos Sociales.
Además, Pablo Bustinduy ha detallado que este jueves se celebrará un Consejo Territorial con las comunidades autónomas “con carácter de urgencia” para coordinar la adaptación de los sistemas autonómicos de dependencia a los avances anunciados y proceder al reparto de fondos. De este modo, ha confiado en que las prestaciones puedan materializarse en cuestión de “semanas o muy pocos meses, como mucho”.