La Urbanización Las Lagunas, en Vega de Infanzones, arrastra desde hace más de una década un estado de abandono que sus propios residentes documentan ahora en un dossier fotográfico. La denuncia, respaldada por veinte vecinos, ha desembocado en una resolución del Procurador del Común de Castilla y León que reclama al Ayuntamiento una actuación «ágil e inmediata» ante el riesgo de incendio que, según la institución, se cierne sobre la zona en plena ola de calor estival.
El Procurador ha abierto expediente a raíz de la queja y ha optado por dictar una resolución directa —sin esperar a la tramitación ordinaria— al considerar que cualquier demora «podría suponer consecuencias irreparables».
El dossier de denuncia describe aceras rotas, arquetas y sumideros deteriorados, y vegetación invadiendo aceras y espacios públicos. Los vecinos agradecen las limpiezas recientes en parcelas municipales, pero denuncian que siguen acumulando escombros y restos de poda, y señalan diez solares privados de titularidad desconocida en estado de abandono.
La documentación catastral aportada por los vecinos acredita, además, qué parcelas de la zona son de titularidad municipal y cuáles pertenecen a otros propietarios, entre ellos Sareb. Uno de los puntos más señalados es precisamente un conjunto de 26 viviendas adosadas, inacabadas y propiedad de esta última, que siguen a la venta pese a su abandono. Según el dossier, la falta de vallado permite el acceso libre, donde los vecinos aseguran haber presenciado botellones y hogueras; la maleza acumulada habría provocado además filtraciones y grietas en una vivienda colindante. El documento alude igualmente al canal de riego, con márgenes cubiertos de maleza y pasos de agua sin medidas de seguridad suficientes para menores.
El riesgo de incendio centra la preocupación vecinal: la urbanización cuenta prácticamente con una sola vía de entrada y salida, lo que «podría dificultar gravemente la evacuación» en caso de un incendio de grandes dimensiones. La maleza seca y las edificaciones abandonadas y sin vallar constituyen, advierten, un foco de riesgo que temen pueda repetir los incendios sufridos este verano en otros puntos de la región. «No queremos esperar a que ocurra una desgracia para que se actúe», señalan los firmantes, que insisten en que su intención no es crear confrontación.
Escritos sin respuesta
Los vecinos remontan sus intentos a un primer escrito registrado el 7 de septiembre de 2012, que denunciaba la falta de limpieza de la acequia, el vallado deficiente y la acumulación de maleza y palés de madera junto a las viviendas. Nunca obtuvo respuesta. Un segundo escrito, del 13 de noviembre de 2017, repetía las quejas y sumaba la falta de mantenimiento del alumbrado, apagado desde hacía más de cinco años, y la ausencia de llaves de corte individuales en la red de aguas. Tras más de diez años por la vía administrativa, decidieron trasladar el caso al Procurador del Común y a los medios de comunicación.
En su resolución, fechada el 30 de julio, el Procurador recuerda que la vigilancia del deber legal de conservación de los terrenos es una competencia municipal de obligado cumplimiento, citando el artículo 106 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León, que faculta a dictar órdenes de ejecución y, en caso de incumplimiento, a la ejecución subsidiaria de las obras o a la imposición de multas coercitivas sucesivas.
La resolución pide al Consistorio velar por el deber de conservación de todos los propietarios, públicos y privados, incluido el propio Ayuntamiento; dictar las órdenes de ejecución precisas; aplicar ese mismo deber a sus bienes propios; actuar sin demora sobre las parcelas citadas en la queja; e incorporar el desbroce recurrente a un plan periódico de conservación. El Procurador enmarca su intervención en dos actuaciones de oficio de la pasada primavera, dirigidas a los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes y a las nueve diputaciones de la Comunidad, en un contexto en el que, según la institución, el verano de 2026 está resultando tan intenso en incendios como el de 2025.
El Ayuntamiento de Vega de Infanzones dispone ahora de dos meses para comunicar al Procurador, de forma motivada, si acepta o no la resolución.
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