"Vamos a llevarlo al Juzgado y a pedir responsabilidades a los funcionarios que lo permitieron"

El informe del interventor de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) sobre la nulidad del contrato firmado en 2003 con el Grupo Mémora también ha sido muy criticado en las dos localidades del alfoz que, junto a la capital leonesa, conforman el área de actuación de esta empresa mixta. El más contundente de los representantes de San Andrés delRabanedo y Villaquilambre en este organismo fue ayer el concejal del PAL-UL, Francisco Gómez, quien anunció que reclamará medidas judiciales ante este hecho.

"Vamos a llevarlo al Juzgado y reclamar responsabilidades penales a políticos y técnicos", explicó el edil autonomista en San Andrés, para el que esta situación no debería haberse permitido. De hecho, Gómez recordó que lleva "varios años denunciando que el funcionamiento de Serfunle y el tratamiento de Mémora es cuestionable".

De hecho, el concejal que forma parte del equipo de gobierno se preguntó "por qué no se ha informado antes de esto», así como que "qué va a pasar con los funcionarios que lo han permitido".

Es más, el edil del PAL resaltó que "se ha pedido en numerosas ocasiones más información por parte de Intervención y Secretaría de la Mancomunidad, y no se ha obtenido respuesta", de ahí que se mostrara sorprendido por la emisión de este informe, que a la vez subrayó por su especial importancia. "Lo valoramos positivamente", señaló.

Gómez, que es representante de San Andrés en Serfunle desde 2011, incidió en que el canon que pagaba Serfunle a Mémora "es inexistente porque no estaba en los pliegos", de ahí que criticara esos más de 10 millones de euros que se han abonado por este concepto.

En la misma línea se mostró la portavoz de Izquierda Unida en San Andrés y también representante en Serfunle, Eloína Terrón, para la que este contrato incluye "un canon ilegal", por el cual "se le ha pagado a esa empresa privada 10 millones de euros del dinero público" de los tres ayuntamientos.

Tanto en San Andrés como en Villaquilambre coinciden en que este asunto debe ser investigado y tratado en la asamblea del jueves
La edil de IU considera que se trata de "una información muy grave", a la vez que recriminó ayer en declaraciones a este periódico que después de que su grupo político pidiera durante meses algunos datos a la Mancomunidad, "ahora sea Hacienda quien los da".

Ante esta situación, Terrón apuntó que quiere llevar este asunto "ante la Fiscalía", para que sea el Ministerio Público quien investigue la ilegalidad de la que trata en su escrito el interventor y pueda así dirimir "responsabilidades, y no sólo políticas, sino de todos los que estén implicados".

"Es un sinsentido, no es posible que una gestión bajo supervisión pública sea tan negativa, tendría que funcionar perfectamente, parece hecho a propósito muy mal", agregó Terrón, que aseguró que "esto pasa por privatizar".

Más comedida fue la alcaldesa de San Andrés, María Eugenia Gancedo, que aunque no es representante de su municipio en la Mancomunidad, sí subrayó que hay que ser "cautos" con este asunto.

"Debemos defender por encima de todo la regularidad, legalidad y transparencia, no tengo nada que decir ante un informe técnico", añadió la regidora socialista de San Andrés, que reconoció que no había aún leído el informe pero que esperaba hacerlo próximamente, además de mostrar su predisposición a hablar con Terrón y Gómez para que haya una «posición común» en la próxima asamblea de concejales de Serfunle, mañana a las 13:30 horas.

De igual forma, el alcalde de Villaquilambre y uno de los dos representantes de su municipio en Serfunle, Manuel García, también reclamó ser "cautos y no hacer juicios de valor" ante esta información, a la vez que instó a esperar a la asamblea del jueves y luego «a partir de ahí tomar medidas».
También desveló un aspecto importante: "El interventor ha hecho su informe, pero sé que alguno más habrá que hacer, porque se ha pedido al asesor jurídico y a la secretaria de la Mancomunidad".

La otra representante de Villaquilambre en la Mancomunidad, Carmen Pastor, señaló que aún no había podido ver el informe, aunque destacó que "los políticos no pueden saber todo, y esta decisión contaba con los informes de técnicos favorables, así que a lo mejor en este caso hay que dirimir otras responsabilidades".