UPL y Soria ¡Ya! registraron este viernes en las Cortes de Castilla y León una nueva proposición de ley para crear el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad, una iniciativa impulsada junto a la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) que ya comenzó su tramitación en la pasada legislatura, pero que quedó paralizada tras la disolución de la Cámara por el adelanto electoral.
Las dos formaciones aprovecharon el Día Internacional de los Agentes Medioambientales y el actual contexto de incendios forestales para volver a llevar la propuesta al Parlamento autonómico, convencidas de que los últimos fuegos han evidenciado el papel esencial que desempeña este colectivo. Tanto UPL como Soria ¡Ya! reclamaron el apoyo del resto de grupos parlamentarios y expresaron su confianza en que la Junta no vuelva a bloquear la iniciativa con un informe desfavorable, como ocurrió en un primer momento durante la pasada legislatura.
La propuesta incorpora algunos cambios de carácter técnico y semántico, aunque mantiene el objetivo principal de dotar a Castilla y León de una regulación específica para los agentes medioambientales. El texto plantea la creación de un cuerpo propio, una carrera profesional estructurada en tres escalas, el refuerzo de la seguridad mediante patrullas de dos agentes, una mayor protección frente a agresiones y la puesta en marcha de una escuela autonómica de formación.
El procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, recordó que los agentes medioambientales trabajan durante todo el año en labores de vigilancia y conservación del medio natural y que, además, dirigen sobre el terreno la inmensa mayoría de las operaciones de extinción de incendios forestales. Por ello, defendió que la ley pretende aportar soluciones "prácticas" para mejorar un servicio público que calificó de esencial y apeló a la colaboración de todos los grupos parlamentarios para sacar adelante la norma.
Por su parte, la portavoz de UPL, Alicia Gallego, sostuvo que Castilla y León acumula un retraso de dos años en la adaptación de la normativa estatal sobre agentes medioambientales y defendió la necesidad de reconocer nuevas escalas profesionales, regular la promoción interna y dotar al colectivo de mayor seguridad jurídica. "No valen los titulares, no vale la palabrería, sino que es necesario tomar medidas", afirmó.
Gallego insistió en que la prevención requiere inversión y no únicamente ayudas una vez se producen los incendios. En ese sentido, aseguró que en León "se conoce bien" el coste de no actuar con anticipación y aludió a los incendios que este verano afectan a distintos puntos de la provincia, especialmente en las comarcas de El Bierzo y Laciana.
La proposición ya fue registrada por ambas formaciones en mayo de 2025. Entonces, la Mesa de las Cortes la rechazó inicialmente tras un informe de la Junta que cifraba en más de 10 millones de euros el coste de su aplicación, aunque posteriormente fue recuperada y superó el debate de toma en consideración con el apoyo de la mayoría de la Cámara y la abstención del PP. La convocatoria electoral impidió completar su tramitación.
Desde CSIF, la delegada de Medio Ambiente y agente medioambiental Sara Mateos pidió el respaldo de todos los grupos parlamentarios y denunció que la Junta continúa sin adaptar la legislación autonómica a la normativa básica estatal. Asimismo, reclamó que el reconocimiento a la labor de los agentes medioambientales se traduzca en una regulación específica que garantice sus derechos, su seguridad y los medios necesarios para desempeñar un trabajo que, recordó, resulta clave en la protección del medio natural y en la lucha contra los incendios forestales.
Añadir La Nueva Crónica como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.