UPL La Robla ha emitido un comunicado en el que celebra haber conseguido «un espacio propio en la sede consistorial para reunirse y atender a los vecinos». Señalan que la primera vez que solicitaron un despacho fue el 24 de octubre de 2023, amparándose en el artículo 27 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que obliga a los ayuntamientos a poner a disposición de cada grupo político un local para reunirse y atender a los ciudadanos. «La respuesta del equipo de gobierno, encabezado por el alcalde Santiago Dorado Cañón (PSOE), fue el silencio, incluso cuando UPL volvió a insistir en marzo de este año».
Señalan que, mientras tanto, «otros partidos de la oposición sí han contado con su despacho en el Ayuntamiento desde hace años», y que la única explicación que llegó a dar la Alcaldía, de forma verbal, «fueron unas supuestas obras de remodelación que en ningún momento impidieron que esos otros grupos siguieran usando sus locales con normalidad».
Ante esta falta de respuesta, UPL presentó el 21 de abril una queja formal ante el Procurador del Común, denunciando vulneración de derechos fundamentales y obstrucción al ejercicio del cargo público electo, y pidiendo que se recordara al Ayuntamiento su obligación de dotar a todos los grupos municipales de los medios mínimos para trabajar.
Plan de incendios forestales
Por otro lado, matizan que la noticia de su nuevo despacho llega el mismo día en el que «el alcalde ha presentado en la Comisión de Obras, Urbanismo y Ciudadanía un plan municipal de actuación ante incendios forestales, competencia que corresponde en última instancia a la Junta de Castilla y León». Según señalan, el documento se centra en la respuesta ante posibles incendios y en la elaboración de inventarios y cartografía, pero apenas contempla medidas de prevención propiamente dichas.
«Nuestro grupo considera imprescindible que La Robla disponga de un Plan de Actuación frente a Incendios Forestales. Entendemos que el Plan cumple el trámite, pero creemos que podría haberse mejorado de forma significativa, especialmente en materia de prevención, planificación anual, seguimiento y participación de las Juntas Vecinales».
Por otra parte, indican que "nos parece una pena que para un documento tan importante no se haya hablado con nadie. Se ha echado de menos un diálogo con todos los grupos de este ayuntamiento para buscar un acuerdo más amplio. Una cosa es cumplir la ley y otra muy distinta tener voluntad política para llegar a acuerdos".
Por este motivo, el grupo explica que su voto en la comisión será de abstención. "Por responsabilidad institucional no queremos impedir que el municipio disponga de este instrumento de planificación. Sin embargo, tampoco podemos dar un apoyo pleno a un documento cuya elaboración y tramitación consideramos mejorables".
Cuando no hay voluntad y cuando sí la hay, por obligación.
Esta forma de actuar contrasta, además, con la respuesta que el propio Equipo de gobierno dio meses atrás al grupo municipal. Según señalan, en diciembre de 2025, UPL presentó una moción para impulsar el asociacionismo de propietarios forestales y la gestión conjunta de los montes del municipio, que incluía instar al Ayuntamiento a adherirse a la Asociación Forestal de León (ASFOLE) como socio institucional, precisamente para contar con apoyo técnico especializado en esta materia. La respuesta del Ayuntamiento entonces fue que no disponía de medios para llevarla a cabo.
Para UPL, existen herramientas al alcance del Ayuntamiento para cubrir ese vacío, como la colaboración con asociaciones sin ánimo de lucro especializadas en la materia que ya operan en la provincia de León, y que permitirían reforzar el plan sin apenas coste añadido. El contraste entre la falta de medios alegada para su moción y la rapidez con la que se ha tramitado este plan, aunque sea de forma incompleta, resulta, para el grupo, llamativo.
Por ello, insisten en que no se trata de un asunto menor: un plan de este calado afecta directamente a la seguridad de los vecinos y al futuro del propio municipio, por lo que no puede tramitarse de espaldas a quienes representan a esos vecinos ni a quienes son titulares de buena parte de los montes del término. El grupo reclama que, de ahora en adelante, tanto los grupos políticos como las juntas vecinales sean informados y consultados antes de que se tomen decisiones de este tipo, y no una vez que ya están cerradas.
Un patrón que se repite
Para UPL, estos episodios, tanto el despacho como el plan de incendios, y otros, como la tan solicitada adecuación de la piscina municipal, que este año por fin se ha llevado a cabo, “reflejan una misma forma de gobernar: negación sistemática a todas las propuestas que no son suyas y decisiones que se toman sin contar con el resto de la corporación que solo se corrigen cuando una institución externa les obliga a cumplir con la ley”.
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