La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha exigido a la Junta de Castilla y León la modificación urgente de la Ley 3/2009 de Montes, con el objetivo de que la normativa “tenga en cuenta la idiosincrasia de los montes comunales de la Región Leonesa” y se ponga fin a la que consideran una “errática gestión” que, este verano, ha contribuido a que los incendios forestales asolen los montes de las provincias de León y Zamora.
Desde UPL defienden que esta legislación “no reconoce la singularidad de los montes comunales, propiedad de los vecinos y vecinas de los pueblos de provincias como León, Zamora o Salamanca”. En palabras de los leonesistas, “todo lo que estamos sufriendo no es más que una muestra de que la idiosincrasia leonesa no se puede gestionar con leyes estándar que sí sirven para otros territorios”.
La formación subraya que esta reclamación es también una demanda de agricultores y ganaderos de las zonas rurales. “La apuesta por el sector primario pasa por acciones y decisiones en su favor y no con la habitual palabrería a la que nos tienen acostumbrados en la institución autonómica con sus eternos álbumes fotográficos en sus visitas a nuestros pueblos”, lamentan.
Los sindicatos agrarios, apuntan desde UPL, ya han advertido que la actual Ley de Montes “es perversa” porque impide que, tras un incendio, “los animales puedan acceder a las zonas afectadas hasta cinco años después y, además, no es válida para la PAC”. Asimismo, denuncian que el texto “no permite limpiar ni desbrozar”, una situación que, según critican, “expulsa a los vecinos de la zona rural y ahonda en la despoblación al obligarles a buscar alternativas laborales lejos de sus pueblos”.
Desde UPL también señalan el “agravio comparativo” que sufre la Región Leonesa frente a otras provincias. “La ley reconoce de manera especial los sobreaprovechamientos maderables de Burgos y Soria, admitiendo implícitamente que sus comunales son diferentes, mientras se hurta de esta condición especial a los de León, Zamora y Salamanca”, reprochan.
Los leonesistas responsabilizan a la Junta de dejar “los montes repletos de maleza, leña seca y caminos tupidos, ya que no se puede actuar sin el permiso autonómico”, lo que incrementa el riesgo de incendios y dificulta su control. “Los pueblos se defienden con leyes que atiendan a las necesidades y realidad existentes; en este caso se exige menos burocracia y una ley que, si ya hacía daño antes, ahora deja totalmente abandonados a los pueblos y a la gente que vive de los mismos”, concluyen.