UPL propondrá varias reformas legislativas en pos de la Autonomía

Contemplan una modificación de la Ley del Régimen Electoral General para que la elección de diputados provinciales sea directa por los ciudadanos

L.N.C.
20/07/2023
 Actualizado a 20/07/2023
Imagen de los candidatos al Congreso y Senado | L.N.C.
Imagen de los candidatos al Congreso y Senado | L.N.C.
Los candidatos al Congreso, Miguel Ángel Díez Cano, y al Senado, Javier Callado Cobo, y el número dos al Congreso, Bernardo García Angulo, propondrán y defenderán en las Cortes las reformas legislativas necesarias para conseguir la autonomía número 18, según las vías que establece nuestra Carta Magna, y que consideran uno de los puntos clave y lo que supone el ADN de Unión del Pueblo Leonés.

«Se trata de un derecho colectivo», ha afirmado este jueves Cano y continuado, «por eso queremos que los partidos nacionales entren en razón y se lleve al hemiciclo del Congreso y el Senado una reforma estatutaria en la que efectivamente esa Ley Orgánica 4/83 sea objeto de reforma y podamos tener la autonomía número 18», ya que esto es lo que, a su juicio, echan en falta de todos los partidos, porque es «imprescindible para el desarrollo de la Región Leonesa, tenemos que salir de estos 40 años de autonomía», ha añadido Callado, quien afirma que si el territorio de la Junta de Castilla y León se divide en dos autonomías más pequeñas a la Región Leonesa le permitiría desarrollar los ejes de crecimiento de todo el noroeste español.«Por eso es tan necesaria la consecución de un autogobierno y una autonomía propia», afirmaron.

No en vano el programa electoral contempla varios puntos en este sentido, entre las que destacan una reforma de la Ley Orgánica 4/83, de 25 de febrero, que aprobó el Estatuto de Autonomía de Castilla y León a fin de promover la segregación de la Región Leonesa, la modificación de la Ley del Régimen Electoral General para que la elección de diputados provinciales sea directa por los ciudadanos y no a través de decisiones de los partidos políticos, o el reconocimiento legal de las juntas vecinales leonesas como escalón administrativo potencialmente receptor de nuevas competencias del resto de administraciones para potenciar su funcionalidad como auténtico fijador de población en los pueblos, entre otros.
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