La corporación municipal del Ayuntamiento de Astorga ha mostrado este jueves una posición conjunta ante la planta de biometano proyectada en Val de San Lorenzo. El equipo de gobierno del PP y los grupos de la oposición, PSOE e IU, se han unido en el Pleno para aprobar una moción con nuevas alegaciones en la que expresan su preocupación por las posibles consecuencias de una instalación que estaría situada a unos dos kilómetros de la ciudad.
La iniciativa supone un paso más después de que el Ayuntamiento ya remitiera a la Junta de Castilla y León unas primeras alegaciones elaboradas a partir de los informes de los servicios municipales de Secretaría y Arquitectura. La planta, promovida por Apiolae S.L., tiene prevista una capacidad para tratar 233.500 toneladas de residuos al año y su expediente permanece sometido al procedimiento de autorización ambiental.
Ahora, todos los grupos de la corporación han decidido fijar una posición común al considerar que las posibles consecuencias del proyecto trascienden los límites municipales de Val de San Lorenzo. «Nuestra posición no parte de rechazar una tecnología por el simple hecho de serlo», recoge el documento aprobado, que sitúa la preocupación en «este proyecto concreto, su dimensión, su ubicación y las garantías ofrecidas» para evitar posibles impactos sobre Astorga y la comarca.
Entre las principales dudas planteadas figura el origen de los residuos. De las 233.500 toneladas que podría tratar anualmente la planta, la documentación analizada por la corporación señala que solo unas 48.000 procederían de un radio de 30 kilómetros, por lo que aproximadamente 185.500 toneladas llegarían desde otros lugares. El Ayuntamiento reclama que se determine su procedencia, los tipos de residuos, las rutas de transporte y las carreteras que asumirían ese movimiento.
La corporación pone también el foco en las 103.061 toneladas de digestato que se generarían cada año y pide que se concrete dónde se aplicarían, qué superficie agrícola estaría disponible y qué controles se implantarían para proteger los suelos y las aguas. A ello suma la preocupación por los posibles olores, especialmente cuando las condiciones meteorológicas puedan favorecer su llegada hasta Astorga.
Otro de los puntos centrales es el tráfico pesado asociado a la instalación. Las alegaciones aprobadas este jueves hablan de un movimiento aproximado de 36 camiones diarios de gran tonelaje y reclaman conocer los itinerarios, la frecuencia de los desplazamientos, las medidas de seguridad y si la red viaria de la comarca tiene capacidad suficiente para soportarlos.
PP, PSOE e IU coinciden igualmente en exigir una evaluación específica de la posible afección al Camino de Santiago, puesto que la documentación contempla impactos durante las obras sobre aproximadamente 1,5 kilómetros de su entorno. La corporación defiende que no debe analizarse únicamente una eventual ocupación física del trazado, sino también cuestiones como el paisaje, el tráfico de maquinaria, las molestias y la percepción de los peregrinos.
Las alegaciones reclaman además que se estudie la situación de los terrenos afectados por el incendio forestal de 2024, así como las posibles consecuencias para la agricultura, el turismo, el patrimonio y el paisaje, además del efecto acumulativo con otras instalaciones existentes o proyectadas en la zona. El documento insiste en que Astorga debe ser considerada una de las principales poblaciones potencialmente afectadas por la cercanía del proyecto.
La moción concluye reclamando a la Junta que revise la suficiencia del Estudio de Impacto Ambiental y solicite al promotor los estudios complementarios que resulten necesarios. La corporación pide expresamente que «mientras no queden suficientemente acreditados» todos estos aspectos, no se conceda la autorización ambiental, además de garantizar la participación de las administraciones locales y las poblaciones potencialmente afectadas. «Primero debemos conocer los impactos. Después podremos decidir. No al revés», resume el documento aprobado este jueves.
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