Representantes de Ucale-Coag, principal sindicato apícola de la provincia de León y el que agrupa al mayor número de apicultores profesionales, mantuvieron este viernes una reunión de trabajo en León con el delegado de la Junta de Castilla y León y con los responsables de los Servicios de Medio Ambiente y de Agricultura de la provincia, con el fin de trasladar las principales reivindicaciones del sector apícola y la necesidad de adoptar medidas urgentes.
Durante el encuentro, Ucale-Coag expuso la grave situación generada por los incendios forestales, especialmente en zonas de alto valor apícola. El sindicato denunció el incumplimiento por parte de la administración autonómica de las promesas realizadas durante las negociaciones de las líneas de ayuda, posteriores a los incendios sobre respetar los contratos agroambientales de las explotaciones afectadas; así como incoherencia que supone la existencia de colmenares vacíos que dificultan el reasentamiento de explotaciones profesionales y reclamó la puesta en marcha de ayudas por lucro cesante, así como el pago de indemnizaciones por hectárea de pecoreo quemada. Asimismo, consideró claramente insuficientes los límites actuales de compensación, fijados entre 15.000 y 18.000 euros por explotación, y defendió una mejora en el reparto de las ayudas procedentes tanto de la Junta como del Gobierno central.
Uno de los bloques centrales de la reunión fue la necesaria actualización de la normativa apícola en Castilla y León. Ucale-Coag reclamó una nueva Orden Apícola que modernice la ordenación del sector, especialmente en lo relativo a distancias entre colmenares, definición de conceptos técnicos y simplificación de los procedimientos administrativos. En este sentido, el sindicato propuso permitir los movimientos de colmenas dentro de una misma explotación y dentro de la provincia sin necesidad de guías de traslado, lo que permitiría agilizar la gestión y evitar situaciones irregulares relacionadas con la recogida de enjambres durante la campaña.
Igualmente, se solicitó una regulación más clara de la apicultura no profesional, la revisión de colmenares ilegales o mal ubicados, la limitación de un único código de explotación por colmenar y una definición precisa del ámbito territorial de las Asociaciones de Defensa Sanitaria (ADS), para garantizar su coherencia y eficacia sanitaria.