Porque según los datos facilitados a este periódico por la Consejería de Turismo, el número de inspecciones realizadas en alojamientos rurales y en apartamentos para el alquiler turístico fueron en 2014 un total de 12, pero a lo largo del año pasado la cifra aumentó hasta las 60. El impulso a este tipo de comprobaciones ‘in situ’ se confirma este 2016 con las 92 que se han producido hasta la fecha. Hay que considerar además que el motivo de las inspecciones son la verificación de la declaración responsable del titular, aunque hubo una inspección en un apartamento el pasado año que se debió a una reclamación, igual que otro caso este ejercicio en una casa rural.
Todo ello ha supuesto que en estos dos años se hayan producido cinco sanciones por parte de la Junta de Castilla y León por no cumplir la normativa vigente, que está basada en la ley 14/2010 de 9 de diciembre.
De hecho, estas cinco sanciones se debieron a que se publicitó la actividad turística sin haber obtenido la oportuna habilitación o sin haber presentado la correspondiente declaración, además de que se difundiera públicamente información o expresiones que puedan inducir a error sobre los elementos esenciales de la actividad turística y sobre los precios, la realización de la actividad turística sin haber presentado la correspondiente declaración responsable y el incumplimiento de las disposiciones relativas al régimen de reservas y cancelaciones.
Continuos cambios en el sector
El incremento de inspecciones en la provincia ha sido la tónica durante los últimos años, y esta tendencia se ha visto incrementada con los continuos cambios normativos que se han registrado y que será este 2016 cuando finalicen con el último decreto previsto por la Consejería de Turismo.
En primer lugar fue la normativa para alojamientos rurales que se publicó en el Bocyl el pasado 2 de diciembre del 2013, y por el que se daban dos años para su adaptación.
Esto supuso que los 572 establecimientos leoneses de este tipo debían cumplir con los requisitos desarrollados por la normativa, como el número de habitaciones según se considerara casa rural (un máximo de 16), un hotel rural (máximo de 50) o las posadas, que no tenían límites.
Pero también se establecían otro tipo de condiciones, como las referidas a la decoración, la gastronomía, la publicidad o la prohibición de determinadas ubicaciones, como la cercanía a menos de 500 metros de polígonos industriales, vertederos o urbanizaciones de viviendas unifamiliares.
A ello se une que el pasado 13 de julio finalizó el periodo de aportación deideas para la creación de un nuevo decreto para el uso de viviendas como alojamientos turísticos, una iniciativa que partía con la unanimidad de todos los grupos y que contaba con el apoyo del sector, que pretende regularizar la utilización de casas para fines arrendatarios, lo que se presume como una forma de poner reparos a plataformas como Airbnb.com. Se pretende así profesionalizar esta materia, pero sobre todo dar un marco competente a las fórmulas de alquiler y también a las de comercialización y publicidad.