“Responsabilidad, anticipación y soluciones”. Así resumió este miércoles el vocal del Círculo Empresarial Leonés y presidente de la Asociación de Concesionarios de León, Roberto Rodríguez, el llamamiento que hacen a las administraciones para hacer frente a las consecuencias de la subida del precio del combustible provocada por la guerra en Irán.
Rodríguez advirtió de que no hay que esperar a que el problema sea irreversible. “Si el transportista se debilita, se debilita toda la economía y se encarecen los costes de movilidad; no es un sector más”, subrayó, al tiempo que recordó que en provincias como León el transporte por carretera tiene un papel fundamental para conectar servicios y mercados. Por ello, reclamó “medidas temporales de apoyo realistas y proporcionadas” que tengan en cuenta la realidad específica de los territorios.
“Queremos trasladar un mensaje de responsabilidad y firmeza. Proteger el transporte es proteger la economía”, remarcó, al tiempo que señaló que la situación también afecta a la movilidad de particulares y profesionales. “Cuando sube de forma intensa el precio del combustible no solo lo nota el transportista, sino los autónomos, pequeños empresarios y ciudadanos. Lo que hoy golpea al transporte termina afectando a la movilidad de los ciudadanos”, indicó. Entre las peticiones planteadas está el cumplimiento de la revisión obligatoria de los precios del transporte, “que se aplique de verdad”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte (Altradime), Pablo Lorenzo, cifró en 2.000 euros mensuales el incremento del coste del combustible que afrontan los transportistas. En la provincia de León, señaló, el sector está muy atomizado, con unos 3.200 autónomos y pequeñas empresas, circunstancia de la que, a su juicio, se aprovechan los clientes.
“Tendrán que dar explicaciones las petroleras y las gasolineras, que cuando tenían los depósitos llenos ya subieron los precios”, reprochó, antes de señalar que el gran beneficiado de la situación es el Gobierno, por el aumento de la recaudación derivada de un impuesto progresivo.
Después de que Portugal y Francia ya hayan adoptado medidas, mientras que en España “no se ha hecho nada todavía”, el sector plantea una bonificación similar a la aplicada en 2022 tras el inicio de la guerra de Ucrania, de 0,20 céntimos por litro.
“Que no tengamos que ‘explotar’ a nuestros clientes. Para poder pagar hay que cobrar y si los clientes no aceptan la subida de precios habrá que parar”, advirtió Lorenzo, quien pidió a las empresas que entiendan la situación, ya que “la única manera de sobrevivir es repercutir esta subida”.
