La diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso Ester Muñoz de la Iglesia y Silvia Franco González registraron el pasado mes de junio una batería de preguntas al Gobierno para conocer el alcance de los fondos destinados a la reactivación de Laciana tras el cierre de la minería. La respuesta del Ejecutivo, fechada el 23 de septiembre, cifra en 30,38 millones de euros las ayudas concedidas a 18 proyectos en el área de transición justa de Laciana-Alto Sil, que incluye los municipios de Villablino, San Emiliano, Cabrillanes y Palacios del Sil.
La iniciativa del PP reclamaba información sobre los fondos procedentes de los antiguos programas Miner y de los actuales mecanismos de transición justa, su grado de ejecución, los proyectos industriales impulsados y las medidas previstas para favorecer la reindustrialización de la comarca.
En su respuesta, el Gobierno detalla que entre 2014 y 2018 el entonces Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón financió 52 proyectos empresariales correspondientes a la actual zona de transición justa Bierzo-Laciana, con 14,49 millones de euros en ayudas. Sin embargo, solo 11 proyectos llegaron a ejecutarse satisfactoriamente, con una liquidación de 1,49 millones, mientras que los otros 41 fueron anulados por renuncias, revocaciones u otros incumplimientos.
En el área de Laciana-Alto Sil se localizaron diez de esos proyectos, con 5,34 millones de euros concedidos. De ellos, según precisa el Ejecutivo, únicamente se ejecutó uno en Villablino: la modernización de las instalaciones de una planta de diseño, fabricación y comercialización de sistemas de dosificación, medición y control, que recibió finalmente 82.785 euros. El resto no llegó a ejecutarse por «incumplimientos en la inversión, renuncias o revocaciones».
18 proyectos
La situación que describe el Gobierno para la etapa actual es diferente. Desde 2019, asegura haber habilitado 8.407,5 millones de euros para las zonas de transición justa a través de más de una treintena de líneas de ayudas. En el conjunto de la zona Bierzo-Laciana han resultado beneficiarios 84 proyectos, con 267,4 millones de euros en ayudas.
En el área específica de Laciana-Alto Sil, son un total de 18 los proyectos financiados, con 30,38 millones de euros de ayudas. Entre ellos figuran seis proyectos empresariales financiados por el Instituto para la Transición Justa, con 460.000 euros en subvenciones y un compromiso de creación y mantenimiento de 15,5 empleos durante un mínimo de tres años.
A ellos se suman ocho proyectos municipales de infraestructuras, que acumulan 27,02 millones de euros en subvenciones, dos proyectos de restauración ambiental, con 2,17 millones, y dos iniciativas empresariales de innovación energética financiadas por el Idae, con 670.000 euros en ayudas.
El desglose incluye también las convocatorias para pequeños proyectos de inversión en municipios mineros. En las de 2019, 2021 y 2023 se concedieron ayudas por 240.000, 80.000 y 140.000 euros, respectivamente, con compromisos de creación y mantenimiento de 10, 2 y 3,5 empleos.
Además, el Gobierno señala que existen otros tres proyectos correspondientes a convocatorias de 2025 que se encuentran todavía en fase de resolución provisional. En conjunto, supondrían 350.000 euros en subvenciones y el compromiso de crear y mantener siete empleos. En cuanto al grado de ejecución, la respuesta oficial concreta que, de los 18 proyectos del área Laciana-Alto Sil, uno está finalizado, once se encuentran en ejecución y seis ya no están vigentes, de estos últimos uno por renuncia y cinco por revocación.

Infraestructuras y nuevos proyectos
El Gobierno destaca entre las actuaciones previstas o en marcha iniciativas como la recuperación y puesta en funcionamiento del tren turístico Ponfeblino, el centro logístico de biomasa de Villablino y la modernización de las instalaciones de generación eléctrica del Salto de Orallo.
Según explican desde el Ejecutivo, estas actuaciones buscan activar recursos propios del territorio y favorecer nuevas actividades económicas. En el caso del centro logístico de biomasa, señala que permitirá «activar la cadena de valor industrial de este recurso renovable» y dar servicio a las centrales de biomasa del entorno.
La respuesta también cita proyectos industriales de mayor dimensión desarrollados en el conjunto de la zona Bierzo-Laciana, como una fábrica de reciclado de baterías de Novolitio, una planta de combustible sostenible para aviación promovida por Ric Energy y la ampliación de las instalaciones de Tvitec para la transformación de vidrio. El Gobierno sostiene que estas iniciativas supondrán más de 500 empleos estables en operación y mantenimiento y una inversión de 900 millones de euros.
Defensa del modelo
Una de las preguntas formuladas por las diputadas populares cuestionaba la metodología empleada para delimitar las zonas de transición justa y planteaba si esta tenía suficientemente en cuenta la pérdida histórica de empleo minero. El Gobierno defiende que la delimitación se realizó mediante una «metodología rigurosa», basada en criterios objetivos relacionados con el impacto de los cierres sobre el empleo, las rentas salariales, la economía y la coherencia territorial, además del impacto acumulado.
También destaca el proceso de participación desarrollado para definir las zonas. Según la respuesta, se identificaron 452 potenciales actores entre empresas, sindicatos, ayuntamientos, organizaciones empresariales, entidades educativas y otros colectivos. De ellos, participaron 180, que realizaron más de 500 aportaciones.
En el caso concreto de Bierzo y Laciana, el Ejecutivo asegura que desde 2021 se han atendido más de 900 consultas de actores locales y se han celebrado más de una decena de jornadas informativas, con cerca de 500 participantes. El Gobierno afirma, además, que el Instituto para la Transición Justa continuará desplegando nuevas convocatorias. En concreto, anuncia para el cuarto trimestre de 2026 dos nuevas líneas de ayudas dirigidas a proyectos empresariales y pequeños proyectos de inversión en las zonas de transición justa.
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