Un centenar de trabajadores públicos se han concentrado frente a las puertas de la subdelegación del Gobierno para denunciar el bloqueo de la negociación colectiva que impide la subida salarial de los más de 17.000 funcionarios en nómina presentes en la provincia. La manifestación, convocada por CCOO, UGT y CSIF, se ha realizado de manera simultánea en todas las subdelegaciones del Gobierno del país.
El frente común creado por las organizaciones sindicales tiene un objetivo claro: lanzar un ultimátum al gobierno para que ponga fin a la congelación de los salarios de los más de 3,5 millones de trabajadores públicos en nómina en todo el país. Cabe recordar que el último acuerdo firmado en 2022 expiró el pasado año 2024 y, desde entonces, cuestiones como la jubilación parcial, la eliminación de la tasa de reposición y la implementación de la jornada de 35 horas semanales han quedado en el aire.
Juan Miguel Martínez, secretario general de Servicios Públicos de UGT-León, recordó como el lema de la protesta “más salario, mejor empleo” es la piedra angular sobre la que se debe sustentar la calidad de los servicios públicos. Martínez centró sus críticas en el ministro de Función Pública, Óscar López, al que acusó de incumplir sus promesas sobre la convocatoria de una mesa general que, como así criticó el secretario, no debería estar condicionada por la aprobación de los Presupuestos Generales. “Lo peor que tiene un político es la pérdida de credibilidad”, remarcó el secretario general mientras tildaba de “charlatán de feria” al ministro López por sus últimas declaraciones, en donde se mostraba poco optimista en torno a la demandada subida salarial.
Dulcinea Álvarez, coordinadora de la Federación de Sanidad de CCOO en León, puso sobre la mesa algunos de los problemas que afectan a la calidad de los servicios públicos como, por ejemplo, la falta de personal y el envejecimiento de las plantillas. “Los recursos de los que disponemos son muy escasos”, lamentó mientras exigía al ministro Óscar López la apertura de la mesa negociadora. En su discurso, también mencionó la necesidad de una modernización dentro de la administración pública. De cara al futuro cercano, aventuró la posibilidad de que las movilizaciones deriven en una huelga general antes de que acabe el año.
El último en intervenir fue Hipólito Riesgo, del CSIF, recordó como “más de tres millones de empleados públicos estamos estamos esperando la subida de sueldo que nos corresponde”. El sindicalista subrayó la creciente pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que desde 2010 ha sumado un total de 20%. “Un profesor o un médico han trabajado 18 meses gratis para la administración”, esgrimió mientras exigía un trato digno para los empleados públicos. En relación con este punto, remarcó la pérdida de talento que ha venido experimentando la administración pública con la emigración laboral de dos generaciones enteras de licenciados en medicina, unos jóvenes que se ven obligados a buscarse su futuro fuera de España porque, como así criticó Riesgo, “en nuestro país las condiciones son mucho peores que en el resto de Europa”.
De cara al futuro cercano, aventuró como “el 50% de los empleados se jubilarán en los próximos años, por lo que harán falta 300.000 sanitarios y 44.000 docentes en España”, zanjó minutos antes de que la concentración iniciara su recorrido por el centro de la ciudad.